EFE | LA PATRIA | Cartagena

Las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos del 2010 y el 2014 (en las que resultó electo y reelecto) y del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga del 2014 recibieron ilegalmente $6 mil 585 millones (unos 1,6 millones de dólares de hoy) de la constructora brasileña Odebrecht, según informó este jueves la Fiscalía General de la Nación. 

"El comprobado aporte a la campaña de Juan Manuel Santos en las dos campañas (en la del 2010 y a la segunda vuelta del 2014) sumados son $3 mil 540 millones", dijo en una rueda de prensa en Cartagena de Indias el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes. 

El fiscal agregó que el dinero entregado a la campaña de Zuluaga, natural de Pensilvania (Caldas) y entonces candidato del partido Centro Democrático, "en la segunda vuelta presidencial del 2014 fueron $3 mil 54 millones". 

Las acusaciones contra Zuluaga

En julio pasado, la Fiscalía colombiana acusó a Zuluaga de recibir pagos de Odebrecht en la campaña del 2014, en la que perdió en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos, que buscaba la reelección. 

Durante la audiencia de imputación de cargos contra el político y su hijo David, el fiscal aseguró en la Corte Suprema de Justicia que el antiguo candidato habría aceptado para su campaña en el 2014 una aportación ilegal de 1,61 millones de dólares de la multinacional. 

Zuluaga habría pactado, según el relato de la Fiscalía, con el entonces representante de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli, para pagar esa cantidad al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como Duda Mendoça, algo que nunca se reportó a la autoridad electoral. 

Por ello, el fiscal formuló contra Zuluaga dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares; mientras que al hijo, quien fue su gerente de campaña, se le atribuye un hecho de fraude procesal. Ninguno de los dos aceptó los cargos. 

El caso Santos

Al referirse a Santos, que fue presidente entre el 2010 y el 2018, el fiscal Jaimes explicó: "Por su calidad de presidente, es un aforado especial, cuya competencia está en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes". 

El expresidente y premio Nobel de Paz no se ha manifestado sobre esta acusación. 

Los aportes de Odebrecht a esas campañas fueron confirmados en una rueda de prensa en la cual la Fiscalía dijo que imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.  

Por ese caso, el Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, fue multado el pasado viernes con 40 millones de dólares por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), que lo acusó "de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)". 

El Grupo Aval es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht en el país para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país. 

Corficolombiana, por su parte, firmó con la SEC un acuerdo de "enjuiciamiento diferido" por lo cual pagará 20 millones de dólares.