El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia, Carlos Carrillo, acudió este martes a la Fiscalía para dar su versión sobre los casos destapados de posible corrupción del exgerente de esta entidad en el contrato irregular de carrotanques para llevar agua al La Guajira.

"Fue una diligencia que se desarrolló de una manera muy cordial; es un proceso que se viene adelantando de la mejor forma por parte de la Fiscalía y la conclusión de esto es que se reafirma el compromiso de esta dirección de la UNGRD para colaborar con la justicia", apuntó Carrillo en declaraciones a los medios después de la comparecencia.

Carrillo acudió ante la "obligación" de "entregarle la información a la Fiscalía para que se establezcan los culpables y se garanticen la reparación y no repetición de estos hechos tan bochornosos", y aseguró que durante la entrevista "se habló específicamente del caso de los carrotanques y de todo lo que ya ha conocido la opinión pública".

La UNGRD está en el centro del escándalo tras descubrirse la malversación de 46.800 millones de pesos de esta entidad de gestión de catástrofes en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.

Esos contratos se firmaron durante la gestión de Olmedo López, quien llegó a la dirección de la UNGRD en abril del 2023 y renunció en febrero pasado tras conocerse la primeras denuncias de corrupción en esa entidad.

El caso creció luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló que con dinero de esa entidad se pagaron sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de que impulsaran en el legislativo las reformas sociales del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Nuevos hallazgos

Este mismo martes se conoció que la Contraloría halló "irregularidades en la contratación y en la ejecución de los recursos públicos" en los últimos cuatro años de la UNGRD, que podrían suponer 5,1 billones de pesos.

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