EFE | LA PATRIA | El Tarra (Norte de Santander)

Los cocaleros de la mayor región productora de Colombia, el Catatumbo, llegaron ayer al municipio de El Tarra para participar en un encuentro “histórico” que los lleva a sentarse con el Gobierno para trabajar en una estrategia que les permita la sustitución de cultivos ilícitos y los proteja de “aguantar hambre”.

En la mayor región productora de hoja de coca de Colombia, donde el abandono estatal y el enquistamiento del conflicto han provocado el aislamiento de la población, las cinco grandes organizaciones de cocaleros de esta región, situada en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, se preparan para trabajar con el Gobierno nacional y repensar la política de drogas que hasta ahora les ha acarreado criminalización y erradicación forzada.

Hasta hoy el coliseo de El Tarra acoge esta reunión sin precedentes a la que asistirá el presidente, Gustavo Petro, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para incluir a los cocaleros en la nueva política de drogas que buscan impulsar y en el plan de la “paz total” que adelantan.

Los pliegos de los cocaleros buscan encontrar soluciones a la problemática de la coca: eliminar todas las erradicaciones forzadas y violentas, gradualidad en la sustitución, descriminalización de los productores y excarcelación de los campesinos presos por cultivar coca.

La esperanza flota en el caluroso ambiente, con una verdadera convicción de que el Gobierno, y en concreto Petro, quieren tenerlos en cuenta, especialmente después de que uno de los primeros viajes del mandatario cuando asumió la jefatura del Estado fue precisamente El Tarra.

La coca, economía de la región

La problemática de la coca “se fundamenta en una economía” que ha llegado a causa de “la ausencia del Estado”, pero que no les ha quitado las ganas de “regresar a la producción de alimentos” y dejar la coca, que trae violencia y conflicto, cuenta Hernando García, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca).

Además, la coca no viene sola, viene acompañada de “problemas culturales y socioeconómicos” que los vecinos del Catatumbo quieren cambiar: “sabemos que no es fácil, pero hay que empezar”, en palabras de García.

“Hay que empezar teniendo en cuenta la coyuntura actual de un Gobierno que llega de cara al pueblo, a las comunidades, que quiere ayudar a que las cosas se den, que haya los cambios que verdaderamente requiere el pueblo y sobre todo el campesinado colombiano”, celebra García.

Sobre todo porque “la coca llegó de la mano de la violencia”, convirtiendo al Catatumbo en una región casi impenetrable, donde guerrillas de diversa índole, paramilitares y grupos criminales tienen presencia y se disputan el territorio que se ha convertido en el principal almacén de coca del país.

Proceso gradual

“Nadie está dispuesto a erradicar de una vez, porque los engaños han sido reiterativos”, por lo que le plantean a Petro “que en la nueva política de drogas se legalicen los usos legales de la hoja de coca”, ya que eso permite “una sustitución más barata y permite descriminalizar la siembra de cultivos de coca”, cuenta Juan Carlos Quintero, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Además, “ante la crisis de la coca” en el Catatumbo, donde llevan un año sin comercializar la pasta base de coca, le proponen al Gobierno “un plan de choque de emergencia de asistencia alimentaria a la familia” y que el Estado le “compre la hoja de coca a los productores como una medida económica”.

Ya que si la coca no sale, si no se vende, acaba afectando a la economía de toda la región, que se ha vuelto totalmente dependiente a las hojas de esa mata que ha provocado “una fuerte crisis económica”, lamenta García, por su parte.

“No se puede seguir hablando de paz total mientras siguen las erradicaciones de cultivos en los territorios”, y como muestra de voluntad los cocaleros han propuesto “un pacto de no ampliación del cultivo mientras se aplican los programas de sustitución”.

Por último, recuerdan que la sustitución de coca debe ir aparejada de una mayor presencia estatal que garantice educación, transporte y salud en unas poblaciones abandonadas que han conseguido autosostenerse gracias a la mata de la coca.

El Catatumbo abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, en el departamento de Norte de Santander, y es hogar de 250.000 personas.