EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Gobierno colombiano aseguró que la nueva política de su lucha contra las drogas ya no gira en torno a la erradicación forzada porque no es efectiva y que ahora se concentra en cerrarles el paso a las organizaciones criminales y en capturar a los dueños del negocio y las finanzas criminales.

"La erradicación forzada no contribuye de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico", dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a través de un comunicado en respuesta a lo afirmado por el zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta.

Gupta dijo que los niveles récord de cultivos en Colombia son una amenaza no solo para Estados Unidos sino para otros países.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que Colombia está en un proceso de fortalecimiento de capacidades de los organismos de seguridad del Estado, para hacerle frente a esta problemática mundial.

"Se está en un fortalecimiento de las capacidades de incautación, también se está fortaleciendo la capacidad de inteligencia para dirigir la acción contra los dueños del negocio. Estamos detrás de las finanzas criminales", argumentó el ministro Velásquez.

El funcionario recordó que la erradicación forzada puede generar titulares y una aparente eficacia, pero en realidad no contribuye en la lucha contra el narcotráfico.

"El Gobierno Nacional nunca ha ocultado su decisión, y por el contrario, la ha planteado a las autoridades norteamericanas. No sólo en las reuniones que hemos tenido allá, la planteó el presidente Gustavo Petro en su reciente visita a Washington; lo hablamos con las autoridades que nos visitan", recalcó Velásquez.

Según el ministro el planteamiento del Gobierno colombiano es privilegiar la destrucción de laboratorios e incautación de insumos líquidos y sólidos, además de el fortalecimiento de capacidades de inteligencia humana y financiera.

"Dos millones de hectáreas erradicadas con glifosato y un millón manualmente, durante los 22 años anteriores, y no ha habido una contención al fenómeno", finalizó.

Plan piloto

El Gobierno buscará, en el transcurso de los próximos meses, establecer un proyecto piloto de sustitución productiva con 240 familias ubicadas en el Cauca y Catatumbo. Para el Ejecutivo, el problema de los cultivos ilícitos abarca un drama social en el que de por medio están los campesinos cultivadores.