La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia "similares" a los previos al proceso de paz, según dijo ayer Human Rights Watch (HRW).

En el capítulo dedicado a Colombia dentro de su informe global, la ONG señala que los defensores de Derechos Humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las Farc, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido "amenazas de muerte y actos de violencia constantes".

Según cifras oficiales, hubo 182 asesinatos de defensores de los Derechos Humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde el 2016. En ese sentido, HRW considera "deficiente" la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.

Cifras

Los grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo, en zonas rurales del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, indica el documento.

Como consecuencia, unas 96 mil personas en diferentes comunidades se vieron "confinadas" -con restricciones de movimiento por temor a resultar heridos o por amenazas- este año y otras tuvieron que desplazarse por enfrentamientos entre el Eln y disidentes de las Farc.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas cifró en 70 mil los desplazados entre enero y octubre como parte de "desplazamientos masivos", es decir, 50 o más personas o 10 o más familias, y HRW señala que la asistencia que esas personas reciben es limitada.

A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2,5 millones (según cifras de febrero), y las autoridades de departamentos, como Arauca y Vichada, no dan abasto a nivel humanitario.

Además, las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones de Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas generalmente pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas, denuncia la ONG.

En medio de los compromisos climáticos del gobierno de Gustavo Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10% en el primer trimestre del 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena. Son los productores ganaderos y grupos disidentes de las Farc quienes impulsan la deforestación y presionan a residentes a talar, extorsionan a campesinos, promueven el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y amenazan.