IRENE ESCUDERO

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Colombia celebra este domingo elecciones locales y regionales en un contexto inédito, con ceses al fuego y la supuesta voluntad de negociación de dos grupos armados que no se han traducido en reducción de la violencia, ya que la actual campaña es de las más violentas de los últimos años.

Los grupos armados hicieron 377 acciones violentas entre enero y el 30 de septiembre, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, que calcula que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en muy alto.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) asegura que hay un "panorama desalentador": hubo 325 víctimas de violencia electoral en 262 sucesos entre el 29 de octubre del 2022 y el 25 de octubre 2023. Entre ellas 37 fueron asesinadas, 51 sufrieron atentados y 236 fueron amenazadas.

Son casos como el del líder indígena José Eduardo Timaná, candidato al Concejo de Pradera (Valle del Cauca), por el gobernante Pacto Histórico, quien fue asesinado el 4 de agosto por dos sicarios.

O el de Leandro Sánchez, candidato al concejo de Honda (Tolima) por el partido de derechas Creemos, también asesinado frente a su vivienda.

Aumento de la violencia

Tanto Pares como la Defensoría consideran que en los últimos meses ha habido un incremento pronunciado de la violencia.

"El ambiente que se está respirando hoy alrededor de las elecciones regionales es muy preocupante; hay un ambiente de miedo y de inseguridad, y eso va a afectar el proceso democrático", dijo la subdirectora de Pares, Laura Bonilla.

La violencia en las elecciones locales siempre es mayor que en las nacionales porque es más fácil para un grupo armado o para la mafia influir en un alcalde y conseguir sus intereses que en un presidente.

"En las elecciones locales es donde se juega el todo por el todo, la operación política del país", resume la subdirectora de Pares.

Ademas, "todo grupo armado va a buscar afectar la democracia porque parte de su ser depende del disciplinamiento social y del control (territorial) que logren tener", explica Bonilla.

El Gobierno tuvo ceses el fuego con varios grupos armados en el primer semestre pero los más importantes son el logrado con la guerrilla del Eln desde el 3 de agosto y con el Estado Mayor Central (Emc), la principal disidencia de las Farc, desde el 17 de octubre.

El acuerdo de cese el fuego con el Eln no especifica nada sobre las elecciones, solo prohíbe acciones ofensivas y contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero con el Emc sí se establece que alterar el proceso electoral es una violación de lo pactado. En todo caso, estos pasos no han servido mucho para reducir la violencia electoral.

Además, no hay forma de saber cuánto la corrupción y las mafias -pues también hay peso de "clanes" políticos- influyen en la violencia electoral, pero sí se sabe que hay mucho dinero corriendo en ciertas campañas de alcaldías y Bonilla es clara: "La corrupción es una economía criminal".

"Desde que tenemos democracia, hemos convivido en esa lógica de violencia en Colombia, o sea, los últimos 60 años llevamos dando vueltas como un hámster en la rueda, y sobre eso algo, algún tipo de medidas hay que tomar", lamenta Bonilla, que considera que hay que "empezar a fortalecer la democracia local ya de aquí a cuatro años" para que en las próximas elecciones no sigamos hablando de lo mismo.

Gobierno, autoridades electorales y disidencia se reúnen para garantizar comicios

Representantes del Gobierno, la Registraduría nacional -encargada de organizar el proceso electoral- y voceros del Estado Mayor Central (Emc), principal disidencia de las Farc, se reunieron ayer en Bogotá para garantizar la entrega de material electoral en los territorios con presencia de grupos armados.