El paro de mineros en Antioquia completa ya una semana paralizando la región noroccidental de Colombia.

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El paro de mineros en Antioquia completa ya una semana paralizando la región noroccidental de Colombia.

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EFE | LA PATRIA | Bogotá

El Gobierno nacional envió una comisión, de la que hacen parte cinco viceministros, para dialogar con la comunidad y solucionar un paro que realizan mineros de Antioquia que tiene confinadas a unas 250 mil personas. 

Un comunicado de la Presidencia indicó este miércoles que para atender esta situación en Antioquia se desplazó una comisión de "cinco viceministros con apoyo técnico de las entidades concernidas en este caso". 

La información agregó que esa delegación la encabezan los ministerios del Interior, de Defensa, de Minas y Energía, de Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, que trabajan en temas de fondo, en relación con la minería y el desarrollo de la región. 

Los manifestantes piden la formalización y el reconocimiento de la minería ancestral, un plan para eliminar la burocracia que impide la formalización minera y respeto por el uso de la maquinaria y que no sea destruida por la Fuerza Pública. 

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció el martes que el paro minero, que se inició hace siete días, está siendo "presionado" por el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país. 

Gaviria calificó al "falso paro minero", que afecta las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste, como una "retaliación" de grupos ilegales por la quema el pasado 1 de marzo de cinco dragas por parte del Ejército y la Policía.  

Evitar el desabastecimiento

El Gobierno rechazó "todo acto de violencia" que se pueda presentar en la protesta social y reclama de los manifestantes un pronunciamiento en el mismo sentido.  

"Quienes nos sentamos a dialogar del lado de la comunidad y del Gobierno Nacional debemos juntos resolver cualquier discordia, respetando el derecho de la población civil", puntualiza el comunicado. 

En ese sentido dijo que el primer punto de la agenda propuesto a los manifestantes es una acción "inmediata" que permita atender humanitariamente a los lugareños para "evitar el desabastecimiento de alimentos o de medicamentos". 

"La delegación del Gobierno debe, conjuntamente con los alcaldes, la Iglesia, las organizaciones sociales, identificar qué dificultades humanitarias se registran en la zona, porque es prioridad del Gobierno la atención humanitaria en el territorio", afirmó el comunicado. 

Según el gobernador Gaviria, la población está afectada por diferentes bloqueos producidos por la presencia de manifestantes que atraviesan camiones, queman llantas y tumban "enormes árboles" sobre las carreteras, situación que tiene a varios municipios con desabastecimiento de alimentos y gas. 

La semana pasada el Gobierno logró un acuerdo con campesinos e indígenas que protestaban en el departamento del Caquetá (sur), marchas que dejaron tres muertos, dos civiles y un policía. 

En esas protestas los campesinos retuvieron a 78 miembros de la Policía y 6 trabajadores de la petrolera Emerald Energy, que luego fueron liberados por mediación de una comisión gubernamental enviada desde Bogotá. 

Las comunidades indígenas y campesinas de la zona entraron a las instalaciones de la petrolera para exigir sus derechos sobre la tierra que Emerald Energy explota y que se les construyan unas vías.

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