Foto | Fiscalía | LA PATRIA

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Un juez penal municipal de Tuluá, con función de control de garantías, legalizó la captura del exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre; los exsecretarios de Gobierno Jorge Alexánder Gallego Chávez y Jhon Fredy López Cardona; la exsecretaria de Hacienda, Eliana Andrea Bedoya Bueno; y el excontratista, Javier Harrison Amaya.

Autor

Mario Baos

EFE | LA PATRIA | Cali

En el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) el narcotráfico liderado por la banda conocida como La Inmaculada habría permeado las instituciones oficiales de la Alcaldía, según apuntan las recientes capturas del exalcalde y cuatro exfuncionarios por parte de la Fiscalía.

La detención de John Jairo Gómez Aguirre, exalcalde del municipio, y cuatro de los que fueran funcionarios durante su administración el jueves dan cuenta de las alianzas que tenían con la mencionada organización criminal que llegó a poner “en jaque” a las autoridades y generaba miedo entre los ciudadanos.

Esta información fue denunciada por el actual alcalde, Gustavo Vélez, quien acusó a su predecesor de tener vínculos cercanos con La Inmaculada y de haber recibido hasta 3.000 millones de pesos mensuales durante su gobierno por actividades que involucraban a la organización criminal.

Según la información de Vélez, esta corrupción empezó en 2021: "La gente quería denunciar, pero no encontró eco en sus denuncias. Iban a la Alcaldía a decir que los estaban extorsionando y las respuestas que les daban era que ‘mejor pagaran’ o que ellos ‘les ayudaban a cuadrar para que les tocara pagar un poco menos’.

La Inmaculada tenía en su dominio las secretarías de Planeación, Movilidad, Hacienda y Comunicaciones, apuntó la información proporcionada por el funcionario.

Tuluá es el cuarto municipio del Valle del Cauca, conocido como la “ciudad corazón” por su ubicación estratégica en la región, algo que la ha hecho atractiva a organizaciones criminales desde 1960, cuando llegaron los primeros narcotraficantes.

La Inmaculada, por su parte, también conocida como La Oficina, nació a finales del 2008 y en 2023 fue acusada de ser responsable del 90% de los asesinatos perpetrados en Tuluá, entre los que se encuentran sanguinarios desmembramientos y violentas extorsiones a comerciantes.

Persecución política

El propio Vélez, que asumió su cargo el 1 de enero, tuvo que hacer campaña política fuera del municipio por las amenazas que sobre él recaen. Un parapentista que llevaba publicidad de su campaña fue asesinado el 1 de octubre de 2023 por esa organización.

Bajo el orden que imponían los criminales, quienes no acataban sus normas eran amenazados e incluso asesinados. De hecho, periodistas que denunciaron los graves casos de corrupción sufrieron atentados.

“A los colegas les tocó irse, a otros los mataron frente a sus familias. Los que hacemos radio nos tocó colocar música en vez de dar noticias, salir a la calle se volvió un reto, aquí las autoridades eran ellos, auspiciados por la Alcaldía”, contó un periodista de Tuluá.

Vélez pidió, en este contexto, ayuda al Gobierno nacional para militarizar la ciudad y, como retaliación, el pasado 10 de febrero La Inmaculada asesinó a un agente de tránsito y quemó varios taxis.

La Secretaría de Movilidad

Según cifras oficiales, en los últimos cuatro años se cometieron 11 atentados contra funcionarios de la Secretaría de Movilidad, y siete de ellos acabaron en asesinatos, incluido el de Yuri Alejandra Guatapi Franco, que fue jefa de esa dependencia.

Según las investigaciones, La Inmaculada tenía control de los agentes de tránsito de la ciudad y a través de ellos cometían distintas fechorías.

"Al controlar Movilidad controlaban todas las entradas y salidas de la ciudad. En sus carros y motos transportaban armas y drogas (...) Desde Movilidad controlaban la ciudad, podían desplazarse a sus anchas. Hoy en día esa dependencia es vigilada, ya no tienen el control de la ciudad y eso les enoja", puntualizó Vélez.

Acusados por cuatro delitos

A los exfuncionarios capturados por la Fiscalía les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido para la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso.