EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Corte Constitucional de Colombia evaluará un caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en decisiones judiciales, después de que la Defensoría del Pueblo pidiera preservar los derechos fundamentales en el contexto de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el ámbito judicial.

Así lo informó este miércoles la Defensoría del Pueblo, que pidió revisar un fallo de tutela en el que un juez buscaba aplicar las TIC a través de la IA, mediante el uso de ChatGPT de OpenAI.

"Mediante esta herramienta, el togado formula preguntas relacionadas con el problema jurídico planteado, obteniendo respuestas de ese chat (ChatGPT), recurso tecnológico que le ayudó a resolver el caso y a redactar la sentencia", informó la Defensoría.

Se trata de un caso en el que estaba involucrado un menor de edad diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde su nacimiento y que necesitaba un tratamiento de salud especializado por parte de su Entidad Prestadora de Salud (EPS), las empresas que se encargan de gestionar y administrar los servicios de salud en Colombia.

En la tutela, la madre del niño aludía que para recibir la terapia, necesitaba desplazarse en transporte urbano y no contaba con los recursos económicos suficientes ni tampoco para pagar las cuotas moderadoras y lo copagos de la EPS para acceder al médico y a los fármacos. Por ello pedía a la EPS que la exonerase del pago y autorizase el financiamiento de los desplazamientos.

El juez, que usó la IA para su sentencia, falló a favor de la demandante, pero el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, considera que debe haber "límites y controles claros para su uso, a fin de garantizar la conformidad con la Constitución y la protección de los derechos de las personas involucradas".

Por ello le pidió a la Corte Constitucional que estudie el uso de la IA para "que sean establecidos precedentes claros y, al mismo tiempo, proporcionadas directrices sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales, por el bien de la administración de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos", añadió Camargo.