EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Corte Suprema de Justicia citó a declarar como testigos al presidente, Gustavo Petro; al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que involucra a los jefes del Senado y la Cámara de Representantes.

"La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada", señaló la Corte Suprema en un comunicado.

Igualmente "ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional", de las cuales la primera se hundió en su trámite legislativo y la segunda se convirtió ley.

El llamado al mandatario ocurre luego de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López aseguró ante la Corte que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) recibió dineros del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.

En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada el martes por Noticias Caracol, López aseguró: "Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (...) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte".

"El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (...) es el Eln y su gran influencia en el departamento de Arauca", añadió López.

El exdirector de la UNGRD recordó que en diciembre pasado, en el quinto ciclo de la negociación de paz realizado en Ciudad de México, el Gobierno y el Eln acordaron que ese grupo armado cesaría los secuestros con fines económicos.

Sin embargo, en mayo pasado, cuando ya había estallado el escándalo de corrupción y López ya no era director de la Unidad, la guerrilla dio "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz".

En esa dirección, López aseguró ante los investigadores: "Ellos emitieron un comunicado hace unos meses: 'Volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres' (...) ¿y cómo lo iban a garantizar? Con contratos".

Después de esto, el exfuncionario señaló que un contrato de la UNGRD fue entregado a la representante a la Cámara Karen Manrique, del departamento de Arauca, una zona "de una alta influencia guerrillera del Eln".

Respuesta

En un comunicado los negociadores de paz del Gobierno recordaron que todos los temas que se negocian con el Eln están enmarcados en la legalidad y que, además, se tiene "la permanente observación de la comunidad internacional" como lo son los países garantes y acompañantes, la ONU y la Iglesia católica

"Los contenidos de cada una de las sesiones de la Mesa de Diálogos, las comisiones de trabajo y las reuniones de las jefaturas de las delegaciones se encuentran debidamente consignados en las actas de trabajo suscritas por ambas delegaciones y los representantes de la comunidad internacional", remarca el documento.

El presidente Petro dijo en redes sociales que en las negociaciones de paz con el Eln "solo han logrado un primer punto de compromiso político, cualquier financiación con el Eln, tal como sucedió con las Farc, se daría en la fase final con la desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de la contratación pública".

El mandatario aseguró que "la falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados".

El escándalo en la UNGRD

Comenzó cuando medios de comunicación revelaron la supuesta malversación de $46.800 millones en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira.

A eso se suma la revelación de que dinero de la UNGRD fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.

En ese sentido, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, involucró ante la Corte al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la "entrega de contratos" para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.

También mencionó a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y al exalcalde de Pereira Juan Pablo Gallo Maya.

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