Los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales fueron condenados a diez años de prisión cada uno por su participación en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, que trabajó como niñera en la casa Laura Sarabia, cuando esta era la jefa de Gabinete del presidente colombiano, Gustavo Petro, y se produjo el robo de un maletín con dinero.

La jueza 53 de Conocimiento de Bogotá detalló en la audiencia que el intendente Quinchanegua deberá pagar 120 meses de prisión y la patrullera Canizales 112, quienes además perderán sus empleos.

El pasado 11 de septiembre los procesados aceptaron en una audiencia y previo acuerdo con la Fiscalía sus responsabilidades en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

Los dos purgarán su pena en prisión domiciliaria y tendrán que pagar una multa para gozar de este beneficio.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Quinchanegua y Canizales lograron con documentos falsos que otro fiscal interviniera los celulares de Meza y de Fabiola Perea, empleadas de Sarabia, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de la funcionaria.

Luego de salir del Gobierno Petro, Sarabia regresó como jefa del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y actualmente es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Allí sigue siendo una de las personas de confianza del presidente

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El escándalo de Sarabia, que fue la mano derecha de Petro durante parte de su primer año de Gobierno, protagonizó una de las mayores polémicas del Ejecutivo originado por el robo de un maletín con dinero y documentos oficiales de su apartamento.

Tras el supuesto robo, los números telefónicos de la niñera y otra empleada doméstica fueron interceptados ilegalmente por la Policía usando como fachada una investigación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó, en el noroeste del país.

Además, Meza fue llevada a una dependencia de la Casa de Nariño, sede presidencial, para ser interrogada y sometida a pruebas polígrafo sin una orden judicial.

Los agentes habrían aprovechado sus cargos y usado un vehículo y otros bienes públicos para intimidar a Meza, limitar su autonomía y someterla a una prueba que vulneró su integridad emocional y personal, según la Fiscalía.

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