EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Carlos Camargo, defensor del Pueblo de Colombia, alertó ayer al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, que el Estado no debe financiar a grupos armados ilegales, a propósito de la discusión sobre el sostenimiento del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a cambio de que abandone los secuestros con fines económicos.

"No puede ser el Estado el que financia grupos armados ilegales y mucho menos si no han terminado o llevado a buen puerto un proceso de paz", advirtió y añadió el funcionario: "El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley".

La semana pasada, el Eln aseguró que la suspensión de los secuestros con fines económicos de esa guerrilla, que negocia la paz con el Gobierno, está condicionada al cese al fuego y a la búsqueda de financiación para su supervivencia.

Alias Antonio García, jefe de este grupo guerrillero, hizo esa declaración después de que las partes anunciaron, tras un ciclo de reuniones en México, que dejarían los secuestros con fines económicos y plantearían posibilidades para financiar a ese grupo armado ilegal.

Negociación

En este contexto, Camargo indicó que "la vida humana no tiene pecuniario: la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable. Seguiremos como institución nacional de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado. Reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto a la dignidad humana".

Asimismo, le pidió al presidente Petro que como Gobierno tenga una postura ceñida al respeto por los derechos humanos como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos. Según Camargo, "cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el Eln", frente a lo que alertó que "de ser llevado a la realidad tal despropósito, téngalo muy presente, señor presidente, dejaría un legado para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado".

Según el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, aceptar "semejante chantaje como forma válida de negocio y financiación en el desarrollo de los diálogos sería permitir que en el país entre a ser negociado y trasladaría un mensaje macabro: delinquir sí paga y que incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado".