EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Defensoría del Pueblo, la entidad estatal que monitorea las vulneraciones de derechos en el país, le pidió al Gobierno “reglas” y “compromisos” para determinar qué significa respetar el cese al fuego declarado el 1 de enero por el presidente, Gustavo Petro, con cuatro grupos armados.

“El cese al fuego bilateral debe estar condicionado al cumplimiento de unas reglas, unos compromisos y unos términos que acuerdan el Gobierno nacional y las diferentes estructuras armadas”, estimó ayer el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El 31 de diciembre, tras el anuncio de Petro en redes sociales de un cese al fuego con cinco grupos armados (que finalmente se quedó en cuatro, tras la retirada del Eln), el Gobierno emitió un decreto a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio con el objetivo de “suspender la afectación humanitaria de la población en general” y “suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública” y estos grupos.

El decreto incluía a cuatro disidencias de las Farc y establecía la suspensión de operaciones de la fuerza pública y estimaba que los protocolos del cese al fuego “tendrán carácter reservado”, además de establecer un sistema de veeduría y monitoreo mediante el Gobierno, las disidencias, organizaciones sociales e Iglesia, al que se podía sumar la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).

No enunciaba este decreto -y no lo ha explicado aún el Gobierno- qué acciones por partes de los grupos armados podrían vulnerar este cese al fuego, por lo que no se puede saber si conductas como patrullajes, lanzar panfletos amenazantes o incluso secuestros incurrirían en una vulneración del cese de hostilidades.

“El hecho de tener un compromiso con la paz de nuestro país (…) requiere que haya un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos”, estimó Camargo, que lanzó un mensaje a Petro: “Cuando hablamos de paz total requerimos hablar del cese absoluto de cualquier vulneración de derechos humanos”.

Sistema de monitoreo

A pesar de que la Defensoría no fue incluida en este mecanismo de “veeduría” del cumplimiento del cese al fuego, este organismo, que es de los que más presencia tiene en el territorio, ha decidido lanzar boletines quincenales que monitoreen “hechos, conductas y las dinámicas en el seguimiento al cese al fuego”, además de seguir con su sistema de alertas tempranas, que dan cuenta al Gobierno y a la sociedad de riesgos que se presentan para la población en las regiones.

En ese sentido, del 1 de enero al 20 de enero, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado seis hechos violentos sucedidos todos ellos en el Cauca, y donde de los cuatros grupos que están incluidos en el cese al fuego hay presencia, además de otros grupos que no están en el decreto, de uno: el Comando Coordinador de Occidente, que responde a las órdenes del Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco.

En ese sentido, la Defensoría recoge, por ejemplo, un hostigamiento contra una estación de Policía ocurrido el 3 de enero en Suárez o el artefacto explosivo que se encontró el 4 de enero en una ruta que iba a tomar la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en Corinto. También varias retenciones de militares.

Sin embargo, la Defensoría, como no conoce las “reglas” o los “términos” del cese el fuego, no puede establecer que haya habido una vulneración del mismo.

“Colombia necesita claridad frente a situaciones que vienen siendo recurrentes por parte de los grupos armados ilegales”, aseguró Camargo.

La tregua bilateral

En total son cuatro grupos los que acordaron el cese el fuego: el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y los paramilitares de Sierra Nevada.