EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) denunció ayer que el juicio al que será llamado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal tiene motivaciones políticas y carece de pruebas en su contra.

Para el exmandatario, en este caso ha quedado claro el origen político del proceso en su contra, que incluso lo vinculó con las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, de los que ha sido un severo opositor.

"Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para hacer parte de un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que les perdonen a los delincuentes como lo hicieron con las Farc y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido", manifestó.

La Fiscalía formuló el martes una acusación contra Uribe "como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal", en un caso que comenzó en 2012 con una querella contra el senador Iván Cepeda y que, como un búmeran, se le devolvió en su contra.

Uribe negó que conozca o haya tenido contactos con delincuentes citados en el proceso, algunos de ellos presos, a los que el abogado Diego Cadena supuestamente contactó para que declaran en contra de Cepeda.

"Siempre pedí la verdad, nunca pedí a mentir ni callar", aseguró el expresidente y líder del partido Centro Democrático, quien añadió: "Jamás he involucrado a personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos".

Un caso de 14 años

La demanda de Uribe contra Cepeda, senador que hoy hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, pretendía demostrar una supuesta manipulación de testigos en una denuncia que este preparaba hace 14 años en el Congreso contra el expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra Cepeda y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos por supuestos pagos y ofrecimientos a dos presos para que testificaran en contra del senador de izquierdas.

Por esa razón, Uribe cuestionó la actuación de la Corte Suprema, en particular de los magistrados José Luis Barceló, Luis Hernández y César Reyes, de algunos de los cuales dijo que tienen algún tipo de vínculo personal o laboral con sus enemigos políticos.

"Que diferencia de tratamiento; a mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia", agregó.

Uribe renunció en agosto de 2020 al Senado para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía, liderada en la época por Francisco Barbosa, amigo del entonces presidente uribista Iván Duque (2018-2022), decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

La acusación contra Uribe para llevarlo a juicio se produce dos semanas después de que la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, asumió el cargo, lo que permitió destrabar el proceso, algo en lo cual Uribe también ve señales de animadversión en su contra.

"La nueva fiscal general de la nación ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa (Iván Velásquez), fue su segunda en la misión (de la ONU) en Guatemala, que yo critiqué. Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo", concluyó.

Petro desmiente persecución

El presidente, Gustavo Petro, aseguró ayer que su Gobierno no persigue a la oposición ni interviene en procesos judiciales, en una aparente referencia al caso del exmandatario Álvaro Uribe, que será llamado a juicio. "Mi Gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El mandatario añadió: "La justicia siempre podrá esperar de mi Gobierno respeto y protección de su independencia".