Foto | Tomada del X @DelegacionEln | LA PATRIA
Alias Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, encabeza las discusiones con la contraparte del Gobierno de Gustavo Petro.
EFE | LA PATRIA | LA HABANA
El Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) acordaron ayer prolongar un día más los actuales diálogos de paz en Cuba para proseguir la negociación sobre la prórroga del cese el fuego bilateral, que está en su última jornada, confirmaron fuentes de la mesa.
La decisión se tomó en La Habana, donde ambas partes negocian desde el 22 de enero en el sexto ciclo de conversaciones y con la prórroga del cese el fuego bilateral, nacional y temporal como prioridad.
La pausa de las hostilidades concluía el 29 de enero y se prorrogó ya por una semana, hasta ayer.
La clausura de la mesa del sexto ciclo de diálogos estaba prevista para las 10:00 de la mañana de ayer en La Habana, pero acabó suspendiéndose.
Apenas unos minutos antes del inicio previsto de la clausura, el Eln difundió un breve comunicado en el que aseguró que se estaba trabajando para "resolver factores de crisis" y "agregar nuevos elementos de compromiso a cumplir por ambas partes" para prorrogar el cese el fuego "otros seis meses".
La prórroga del alto al fuego es el punto fundamental de las actuales negociaciones de paz en Cuba. Ambas partes pusieron por escrito al término del quinto ciclo, celebrado en México, que tenían la "voluntad" de mantenerlo, pese a las diferencias entre las dos partes en cuanto a los detalles.
El Eln pedía "garantías" de que el cese cumpliera "su función principal", que desde su punto de vista es mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil en las zonas afectadas por el conflicto.
El Gobierno colombiano, por su parte, quería ampliar los términos y el conjunto de acciones violentas prohibidas incluidas en el cese de hostilidades.
El actual cese al fuego se limita a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora, Vera Grabe, "que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población".