EFE | LA PATRIA | Bogotá

Unas 200 familias de excombatientes de las Farc que vivían en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en el Meta, tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes de las Farc que operan en la región.

Así lo denunció este miércoles el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de Comunes, partido surgido de la desmovilización de la guerrilla, que detalló en un comunicado que los excombatientes sufrieron una "situación de desplazamiento forzado por parte de hombres y mujeres que se identificaron como Farc".

El CNR lamentó que los antiguos miembros de la guerrilla deban abandonar el territorio, ubicado en el municipio de Mesetas, que les "abrió las puertas en el camino hacia la búsqueda de la paz, luego de haber firmado" el acuerdo con el Gobierno en el 2016.

En total, denunció el organismo, son más de 200 familias las que tuvieron que huir y entre ellas había muchas madres cabeza de hogar; alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos; hombres y mujeres de la tercera edad, y población con discapacidad.

"Desde este espacio en el que construimos familia, fortalecimos lazos de hermandad con las comunidades y batallamos contra la inclemencia y la desidia de gobiernos que quisieron hacer trizas la paz", agregó la información.

Pérdida de proyectos

Los excombatientes denunciaron que por cuenta del desplazamiento perderán los proyectos productivos en los que trabajaban desde que se reincorporaron, que son de transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación de café y de sus cultivos derivados y ganadería.

También dicen que perderán la infraestructura que han construido en los últimos seis años, así como se verán afectadas otras comunidades aledañas que se veían beneficiadas, entre otras cosas, por las escuelas que hay en el ETCR Mariana Páez.

"Enorme daño hacen quienes creen que afectando a los y las firmantes de paz no se afectará a la comunidad", añadieron.

Llamado al Gobierno

Esta semana el presidente, Gustavo Petro, anunció que como parte de su política de paz total comenzará una mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, el grupo que según los excombatientes propició el desplazamiento.

En ese sentido, el senador Julián Gallo, uno de los líderes de Comunes, aseguró en Twitter que es "inaceptable que mientras Gobierno Nacional anuncia inicio de conversaciones con las llamadas disidencias, estos grupos sigan asesinando, desplazando y amenazando los firmantes de paz".

Esto "sin que haya un pronunciamiento del Gobierno que les exija suspender ese tipo de atentados contra quienes estamos cumpliendo con el compromiso de la paz. Sin seguridad para firmantes de paz no habrá paz total". 

Por ello el CNR hizo un llamado al Gobierno, a la comunidad internacional y a la ONU a "garantizar el derecho a la vida de los y las firmantes, el derecho a la paz al pueblo colombiano y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 350 excombatientes de las Farc que firmaron el acuerdo del 2016 han sido asesinados, de ellos dos este año.