El capitán retirado del Ejército Jaime Rivera devolvió este lunes una condecoración que recibió en su época de militar para "dignificar" a las víctimas de "falsos positivos" y pedir perdón por numerosos asesinatos cometidos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 en Casanare. 

Rivera devolvió la condecoración durante una audiencia de reconocimiento de verdad celebrada por la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Yopal (Casanare), donde dijo que lo hacía porque no la mereció y no la merece.

"Solicito a la magistratura permiso para devolver la condecoración que me otorgó el Gaula (grupo antisecuestro), la dirección nacional de los gaulas, como premio a esas mentiras, como premio a hacer parte de ese entramado", dijo con voz entrecortada Rivera.

El oficial retirado dijo que la medalla "debe estar en otro lugar que no sean los reconocimientos en mi casa porque no quiero que mi familia vea esta presea y pregunte un día cómo la obtuve".

En la audiencia, 21 exmilitares y otros exfuncionarios del Estado reconocieron su participación en el asesinato de 303 campesinos y colonos para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, crímenes conocidos en Colombia como "falsos positivos".

Con dichos crímenes, que fueron destapados a finales de 2008, los militares de la época buscaban recompensas tales como permisos y ascensos, entre otros.

Parte de un entramado

Según la JEP, las acciones de Rivera, que fue jefe de la unidad de inteligencia en el Gaula en Casanare, "produjeron el asesinato de 59 personas que fueron presentadas como bajas en combate".

El tribunal explicó la actuación de una red criminal de al menos 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los "falsos positivos" en Casanare, la cual se implantó y operó en la Brigada XVI bajo el mando del mayor general retirado Henry Torres Escalante, que está entre los que reconocieron su responsabilidad en estos asesinatos.

A los militares procesados la JEP les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.

Según la investigación de la JEP, las víctimas eran en su mayoría hombres entre los 18 y los 25 años. Sin embargo, en el caso de Casanare se acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas embarazada.

La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en Colombia entre 2002 y 2008, periodo que coincide con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).