La Fiscalía acusó al Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país dedicado al narcotráfico, del secuestro de tres fiscales y una funcionaria de un juzgado el pasado viernes, y citará a declarar a las fuerzas de seguridad de la zona para ver si hubo colaboración.

"Quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la dirección seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá", dijo este lunes en una declaración el fiscal general, Francisco Barbosa.

Los funcionarios fueron secuestrados en la vía que conduce de Cáceres a Medellín a la altura de Valdivia, Antioquia, y el Clan del Golfo, grupo que supuestamente tiene decretado un cese al fuego como muestra de su voluntad de negociar con el Gobierno, los retuvo durante varias horas.

Pero además los fiscales secuestrados, según Barbosa, "aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona".

Por lo que la Fiscalía citará a declarar a las fuerzas de seguridad de la zona "para que expliquen las acciones realizadas ante estos hechos".

"Después de escuchar a las víctimas se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias "Gonzalito", máxima cabecilla del Clan del Golfo de la zona", explicó Barbosa.

El fiscal añadió que "Gonzalito" tiene orden de captura de extradición vigente "y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el Gobierno fueran levantadas", una petición que la Fiscalía no quiere acceder "porque no existe marco constitucional para hacerlo" y por hechos como este.

El Gobierno pidió que se levanten órdenes de extradición a miembros de diversos grupos armados, incluido el Clan del Golfo con quien se quiere pactar un sometimiento voluntario a la justicia, como paso para poder iniciar conversaciones con ellos, y así nombrar negociadores que se puedan mover libremente.

La Fiscalía decidió cerrar temporalmente su sede en Tarazá, un municipio de Antioquia, y trasladarla a Medellín "ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en ese municipio".

"No podemos aceptar bajo ningún punto de vista como Fiscalía general de la Nación que se repitan comportamientos que habíamos visto erradicar desde hace 20 años", lamentó el fiscal, refiriéndose al auge de secuestros con la extinta guerrilla de las Farc.