Salvatore Mancuso permanece en el Centro de Detención Stewart, de Georgia, pendiente, junto a sus abogados, de que las autoridades de Estados Unidos le resuelvan su situación migratoria.

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Salvatore Mancuso permanece en el Centro de Detención Stewart, de Georgia, pendiente, junto a sus abogados, de que las autoridades de Estados Unidos le resuelvan su situación migratoria.

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EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Gobierno de Colombia pedirá a Estados Unidos la extradición del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Salvatore Mancuso, quien fue designado por el presidente, Gustavo Petro, como "gestor de paz", informó ayer a través de un documento la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Esa oficina aclaró que la designación de Mancuso como gestor de paz "de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las Auc, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran".

Mancuso aceptó en una carta desde una cárcel en Georgia (EE.UU.) el rol de "gestor de paz" que el domingo le dio el presidente Petro y se mostró comprometido con la paz total y con "ajustar y finalizar" la negociación con los paramilitares.

Petro aseguró el domingo pasado que "el proceso de paz entre el gobierno de (Álvaro) Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo".

En el documento publicado ayer la Oficina del Alto Comisionado para la Paz explicó que ha recibido solicitudes de exmiembros de las Auc para ser designados gestores de paz.

"Todas estas peticiones se encuentran en estudio, y cualquier decisión al respecto respetará la autonomía del sistema judicial colombiano y los acuerdos de cooperación judicial con otros países", precisó el documento.

La desmovilización de las Auc

Las Auc, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en el 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.

Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios y muchos, incluido Mancuso, acabaron extraditados por penas relacionadas con el narcotráfico a Estados Unidos.