El Gobierno nacional presentó ayer al Congreso un proyecto de ley que servirá de marco jurídico para el sometimiento de organizaciones armadas ilegales que no tienen estatus político para negociar la paz.

El presidente del Senado, Roy Barreras, pidió al Gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia, "para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse".

Detalles del proyecto

De aprobarse el proyecto, las llamadas bandas criminales tendrán un plazo de dos años para desarticularse voluntariamente y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos cometidos.

Igualmente, deben dar información a las autoridades sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas y, a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva.

Adicionalmente, quienes se acojan a la ley, en caso de ser aprobada, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras hacen actividades de restauración y de reparación a sus víctimas.

El proyecto de ley establece que quien vuelva a delinquir o a incumplir alguna de las condiciones purgará la máxima pena correspondiente a los delitos cometidos y, por consiguiente, perderá todas las rebajas y beneficios.

El texto dice también que los grupos delictivos deben entregar todos sus bienes, pero tendrán derecho a conservar el equivalente al 6% de su valor, con un tope máximo de 2,4 millones de dólares.

Otro de los puntos relevantes de la iniciativa consiste en la creación de un fondo que se destinará a la reparación de las víctimas y programas de justicia restaurativa.

El senador del gobernante Pacto Histórico y presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, sostuvo que este proyecto, "no brinda ninguna clase de impunidad".

"Es un camino que se abre para la paz total que avanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que implica una política de paz ambiciosa como la de este Gobierno", apostilló Cepeda.