EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Gobierno colombiano suspendió ayer en tres departamentos el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (Emc), la principal disidencia de las Farc, luego de que ese grupo atacó el sábado a una comunidad indígena del suroeste del país y dejó tres heridos.

En el decreto, firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Ejecutivo ordenó "suspender el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca".

Por ello, el decreto dictaminó la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 horas del 20 de marzo en contra de las estructuras del Emc presentes en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

El Gobierno y el Emc llevan a cabo desde el año pasado una negociación de paz producto de la cual el 17 de octubre iniciaron un cese el fuego bilateral y temporal que en enero fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio próximo.

La suspensión del cese el fuego rige en tres departamentos del Pacífico colombiano donde el Emc tiene gran presencia, principalmente con la columna Dagoberto Ramos y el frente Carlos Patiño.

El ataque del sábado fue perpetrado por la Dagoberto Ramos en el caserío de La Bodega, en Toribío (Cauca), cuando la comunidad intentó impedir que miembros de ese grupo armado se llevaran a un menor de edad indígena, según la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco.

"La respuesta por parte de estos delincuentes, sin mediar palabra, fue disparar indiscriminadamente a la comunidad", dejando heridos de gravedad a Carmelina Yuli Paví, guardia y lideresa del pueblo Nasa de Toribío, y al comunero Rodrigo Ul Musicué, mientras que una tercera persona fue rozada por una bala, señalaron los cabildos.

El presidente, Gustavo Petro, calificó lo ocurrido como una violación al cese el fuego bilateral.

Igualmente la Asociación manifestó que ataques como el del sábado, perpetrado por un grupo que negocia la paz con el Gobierno, "conllevan al exterminio físico y cultural de nuestras comunidades".

Por ello solicitaron al Gobierno nacional suspender el cese (al fuego) bilateral suscrito con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, pues no pueden estar sentados en una mesa de diálogo mientras en los territorios siguen cometiendo delitos de lesa humanidad.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su parte, condenó el ataque en Toribío y pidió al Estado dar garantías y protección al pueblo nasa, "una comunidad con medidas colectivas de protección de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)".