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La Procuraduría General de la República abrió investigación disciplinaria contra seis miembros de la Policía por presuntas irregularidades en la interceptación de las comunicaciones a dos mujeres que trabajaron en la casa de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y directora del Departamento de Prosperidad Social.
De acuerdo con el Ministerio Público, los afectados son los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Camacho Prada; el capitán Carlos Andrés Correa, el intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros Alejandra Canizales y Jhon Fredy Morales Cárdenas.
La apertura de investigación es por las presuntas irregularidades relacionadas con las interceptaciones ilegales de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, trabajadoras de Sarabia.
El caso, que también está siendo investigado judicialmente por la Fiscalía, se originó por el supuesto robo, el pasado 29 de enero, de una suma de dinero en dólares y documentos de la vivienda de Sarabia.
La Procuraduría recordó que tras el hurto "se realizaron, ordenaron y/o permitieron las interceptaciones de las líneas telefónicas a nombre de Marelbys Meza, Fabiola Perea y un amigo de la primera, aparentemente con información documental que no correspondía a la realidad".
La información del Ministerio Público agregó que supuestamente el 30 de enero de 2023, un integrante del Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencia Organizada, solicitó a un fiscal de la ciudad de Quibdó, la capital del Chocó, la interceptación de las líneas telefónicas de alias 'la cocinera' y alias 'la madrina', indicando que posiblemente eran integrantes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.
"No obstante, las líneas telefónicas no pertenecían a ninguno de los alias mencionados sino a las dos personas ya mencionadas", detalló la Procuraduría.
Además, Meza fue llevada a una dependencia de la Casa de Nariño, sede presidencial, para ser interrogada y sometida a pruebas polígrafo sin orden judicial.
Aunque Sarabia dejó su puesto en el Gobierno, volvió a los pocos meses al cargo de directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), un departamento que no tiene rango ministerial, pero gestiona gran cantidad de recursos para programas para personas sin recursos, y sigue siendo una de las personas de confianza del presidente.