EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó ayer por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano, al acusar al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes (los conocidos en Colombia como "falsos positivos") en el noroccidente del país.

La JEP, el tribunal ad hoc creado por el acuerdo de paz con las Farc, considera a Montoya posible autor de "crímenes de guerra y de lesa humanidad" por "asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado" entre 2002 y 2003 en el oriente de Antioquia, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Y le acusa de "mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas 'en combate', emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados", explicó la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz.

Junto a Montoya, por los mismo crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP también imputó a los tenientes coroneles Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 "Jorge Eduardo Sánchez" (BAJES) y retirados del Ejército.

Montoya y los dos excomandantes del BAJES son acusados, "por su posición de liderazgo", por la presión que cada uno de ellos ejerció para que se produjeran las bajas en combate, "una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate".