EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La audiencia de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, procesado por presunto soborno de testigos y fraude procesal, comenzó ayer y después de más de 12 horas fue suspendida por la jueza que lleva el caso, que convocó a las partes para reanudarla el próximo 24 de mayo.

"Suspendemos este acto procesal y lo continuamos el 24 (mayo)", dijo la jueza Sandra Heredia, quien explicó que la decisión era para "garantizar el derecho de todas las partes".

En la diligencia de ayer en la que la Fiscalía le imputó a Uribe un tercer delito, el de soborno, tuvo solo pausas cortas, intervinieron el abogado Jaime Granados, que encabeza la defensa del expresidente Uribe (2002-2010) y el fiscal del caso, Guillermo Villarreal.

También el abogado Reynaldo Villalba, apoderado del senador de izquierdas Iván Cepeda y representante de las víctimas.

Granados solicitó la nulidad de todo el proceso en contra de su defendido al considerar que la Fiscalía incurrió en irregularidades durante la formulación de los cargos.

Uribe estaba ya acusado por presunto soborno de testigos y fraude procesal. Es la primera vez que un expresidente colombiano comparece en una audiencia de esta naturaleza.

Horas antes de que se iniciara la diligencia judicial Uribe aseguró que sus antagonistas políticos se convirtieron en sus "acusadores judiciales", en referencia al senador Cepeda, contraparte del proceso.

Larga disputa

Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente.

El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.

Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.

Sin embargo, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios determinó que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.