Foto | Cortesía Fiscalía | LA PATRIA Las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Fiscalía colombiana ocupó, con fines de expropiación, bienes valuados en más de 1,5 millones de dólares del exgobernador del departamento de Arauca José Castillo, detenido el año pasado por supuestamente otorgar contratos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a cambio de apoyo político.
Se trata de 11 inmuebles urbanos, 2 rurales y 10 vehículos ubicados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá, detalló este sábado la Fiscalía en un comunicado.
Las acciones de la Fiscalía buscan afectar el patrimonio del exmandatario, quien es investigado y permanece en una cárcel como supuesto "responsable de múltiples irregularidades de contratación durante los dos periodos en los que se desempeñó como gobernador", entre los años 2012-2015 y 2020-2021.
De acuerdo con la investigación, Castillo "le habría entregado parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Eln, a cambio de recibir apoyo político en varios municipios", explicó el ente acusador.
Por estos hechos, fue imputado por los delitos de financiación del terrorismo; y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.
Las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
A propósito del Eln, el Gobierno colombiano y esa guerrilla se preparan para reiniciar el próximo lunes en Caracas los diálogos de paz interrumpidos hace cuatro años.
Desde su llegada a la Presidencia, Gustavo Petro ha subrayado que una de las prioridades de su Gobierno es la "paz total", iniciativa que tiene como piedra angular los diálogos con el Eln, iniciados en 2017 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y suspendidos al año siguiente por decisión de su antecesor, Iván Duque.