El Gobierno colombiano le pidió este miércoles a las autoridades de control investigar y hacer auditorías a un fondo que administra recursos públicos y privados para reparar a las víctimas del conflicto armado porque supuestamente hay corrupción.

La petición la hizo la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, quien solicitó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría realizar "acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y proteger el patrimonio y transparencia de la entidad".

La funcionaria, citada en un comunicado de su despacho, dijo que la solicitud se hace con base en un análisis preliminar del estado en el que encontró el Fondo para la Reparación a las Víctimas.

La nueva administración de la Unidad "identificó posibles actos irregulares que afectan la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado".

De los casos más representativos de esas anomalías están cánones de arrendamientos muy bajos de fincas, lotes y parcelas cuyos valores oscilan entre los 4.000 y 103.000 pesos (es decir entre 1 y 20 dólares).

"Las víctimas del conflicto armado han sufrido múltiples hechos lamentables y no es posible que los recursos con los que esperan ser indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción", dijo.

Esta denuncia se suma a la realizada a mediados de octubre pasado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó como "uno de los peores hechos de corrupción" la desactualización del inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que gestiona los bienes incautados a  narcotraficantes.

Otras irregularidades

Por otro lado, Tobón dijo que de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 están ocupados irregularmente o deteriorados.

Igualmente, denunció que existe un alto porcentaje de bienes con arrendatarios morosos y que pese a eso el Fondo no realizó ninguna acción administrativa para recuperar el bien, ni tampoco acciones judiciales efectivas para recuperar la cartera.

Tobón enfatizó en que también encontró que el Fondo tiene rezagos y otros problemas que han impedido cumplir el objetivo de reparar a las víctimas del conflicto armado.

Recordó que durante la vigencia de la Ley de Víctimas únicamente se han reparado a un poco más de un millón de los nueve millones de víctimas del conflicto inscritas en el Registro Único de Víctimas.

Indicó que, por ejemplo, en el caso de la reparación individual, durante el funcionamiento de la entidad, únicamente se han indemnizado a 1.318.634 víctimas.

Esa situación se traduce en un rezago pues faltan por indemnizar 6.071.978 víctimas que, de continuar con el mismo ritmo de ejecución, solo se podrían indemnizar a estas personas hasta el 2082.

En reparación colectiva dijo que hay 857 Sujetos de Reparación Colectiva en el Registro Único de Víctimas, de los cuales tan solo se han reparado un poco más de 56, es decir que las reparaciones terminarían en el año 2046.