EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Procuraduría General de la Nación pidió este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tenga en cuenta los derechos de las víctimas en el caso del exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Salvatore Mancuso.

Así lo aseguró el Ministerio Público en un comunicado en el que fijó su posición sobre la llegada de Mancuso a la JEP, cuyo caso fue admitido completamente en marzo pasado. 

Para el órgano de control, la llegada de Mancuso a la JEP debe aclararse y debe respetar a las víctimas del sistema de Justicia y Paz, creado a inicios de los 2000 para reparar a las víctimas del paramilitarismo, grupo armado que en virtud de esa ley se desmovilizó en 2006.

La solicitud de la Procuraduría busca incluir una tercera sentencia de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, que ordenó reparaciones económicas para 137 víctimas que supuestamente no fueron consideradas por la JEP.

Para este organismo, "las víctimas con derechos adquiridos de reparación en Justicia y Paz, producto de una decisión en firme, tienen garantizados (...) que el compareciente debe atender las obligaciones ejecutoriadas que le hayan impuesto en materia indemnizatoria".  

El pasado 18 de marzo la JEP aceptó asumir de forma preferente las investigaciones contra Mancuso y definir de manera exclusiva si le concede la libertad al exjefe de las Auc.

Mancuso fue deportado el pasado 27 de febrero a Colombia desde Estados Unidos, donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico y desde entonces está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

En Colombia, el exjefe paramilitar está investigado por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de covid-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.

La JEP determinó primero que era el sistema de Justicia y Paz el que debería resolver la situación de Mancuso y el pasado 13 de marzo un tribunal de esa jurisdicción decidió denegar la libertad al exjefe paramilitar, quien fue nombrado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como "gestor de paz" en posibles diálogos con el Clan del Golfo, heredero de las AUC.

Sin embargo, la JEP, al resolver la apelación interpuesta por el abogado de Mancuso, se arroga la decisión sobre su libertad, por encima de los fallos emitidos por jueces del sistema de Justicia y Paz.