Autoridades colombianas denunciaron que entre los recientes casos de abusos sexuales contra menores de edad en el departamento del Guaviare hay 69 cometidos contra niñas de comunidades jiw y nukak, dos pueblos indígenas declarados en vías en extinción.

A principios de este año se comenzó a destapar varios casos de militares, que durante los últimos 5 años han metido violaciones y abusos sexuales contra menores de varias comunidades indígenas de esta zona.

A raíz de esta situación, por la que se ha cuestionado a instituciones como la Fiscalía por no hacer nada o desconocerla, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha revelado que tiene registrados 587 casos de denuncias entre 2018 y 2020 en este departamento del sur del país.

Ahora, el ICBF asegura que el 12 % de los casos reportados con denuncia penal en estos cuatro años -35 de niñas nukak y 34 de jiw- afectan a las comunidades jiw y nukak, comunidades que también se ven afectadas con otros problemas como el consumo de sustancias psicoactivas y pegante o una situación alimentaria crítica, que es la que en muchas ocasiones lleva a estos abusos.

"Según el informe de la comisión especial, esta situación de crisis alimentaria conlleva a que los niños bajen a buscar comida, lo que es aprovechado por posibles redes de microtráfico y de trata de personas en la región", informó la Presidencia en un comunicado, en el que no descarta que exista en esa zona "una red de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes".

Tomar medidas

El presidente Gustavo Petro anunció este jueves, desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial, medidas urgentes para atender la situación que viven las niñas y adolescentes en el Guaviare, asegurando que se va a investigar a funcionarios del ICBF por posible omisión y también a los militares que pudieran estar involucrados en los abusos.

También habrá dos unidades especiales para atender a población indígena y otra especializa en violencia de género y se aumentará la presencia de policía de Infancia y Adolescencia en el territorio, así como puntos fijos e itinerantes de atención a víctimas e información para evitar nuevos casos.

La controversia se desató a raíz de la publicación de un reportaje de Univision en el que destapaban una supuesta violación de una niña indígena de 10 años por un militar estadounidense, información que fue desmentida por las autoridades colombianas y estadounidenses, pero que comenzó una oleada de denuncias por abusos y violaciones a menores indígenas.

De hecho, la Procuraduría informó la semana pasada que hay un proceso disciplinario contra seis integrantes del Ejército Nacional por presuntamente violar a una menor de 15 años perteneciente a la comunidad indígena nukak en la vereda (caserío) Charras, de San José del Guaviare.

De todos los casos recibidos por violencia sexual, el ICBF asegura que, a pesar de estas denuncias, no le consta ninguno cometido por fuerzas militares extrajeras y solo 3, en 2019, por militares colombianos.

La Presidencia aclaró que no aparecen denuncias a niños, solamente a niñas.