LA PATRIA | MANIZALES

La crisis penitenciaria en Colombia es cíclica y el único remedio que han usado los gobiernos es declarar la emergencia carcelaria. Esa medida la anunció ayer la administración de Gustavo Petro para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país.

"Acabamos de aprobar por unanimidad en el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la declaratoria de emergencia carcelaria que tiene dos finalidades: una, proteger la vida y la integridad de los guardianes de las cárceles, y la otra, erradicar completamente la extorsión y la corrupción que provengan de las cárceles", dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

La medida se da tras la ola de violencia de las últimas semanas en contra de los funcionarios del Inpec, de la cual el hecho más reciente es el asesinato del agente Jesús Cárdenas, tiroteado el sábado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.

El director del Inpec explicó que con base en el decreto de emergencia carcelaria se podrán restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de bandas como La Inmaculada, que el fin de semana desató el terror en Tuluá (Valle del Cauca).

Por la captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, uno de los dos jefes de La Inmaculada, conocida también como La oficina, esa banda criminal asesinó a un guarda de tránsito, quemó ocho vehículos y amenazó al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.

Ante esa situación, las autoridades del Valle del Cauca militarizaron la ciudad y, según informaron ayer, la situación está controlada.

Osuna explicó ayer que se dispondrá de dinero para comprar equipos bloqueadores de la señal de teléfonos celulares en las cárceles, que son utilizados por presos para extorsionar e incluso planear otras acciones criminales.

Adicionalmente se seguirán haciendo allanamientos y requisas sorpresivas en las cárceles y se trasladarán presos de los que se sospecha están delinquiendo desde las prisiones.

Lo que se busca al bloquear las señales es que los reclusos no puedan "comunicarse fácilmente ni establecer ningún laso con la guardia penitenciaria ni con personas desde la cercanía de la cárcel", explicó Osuna.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. El Gobierno de Santos (2010-2018) la utilizó en 2013 para enfrentar el hacinamiento que igual sigue desbordado. El Inpec administra 125 establecimientos carcelarios en el país con capacidad para 81.740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de la libertad. Eso significa que la ocupación en las cárceles del país excede su capacidad en 20.236 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 24,7%.

El Gobierno de Santos la segunda vez que la utilizó fue en 2016 por distintos problemas que aún siguen sin solucionarse como la extorsión, mientras que el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) tomó esa medida en 2020 por la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Protesta de guardianes del Inpec

Los guardianes del Inpec empezaron ayer una protesta ante los crímenes y amenazas que se han en registrado en contra de sus compañeros, 250 de ellos se encuentran amenazados, la mayoría laboran en el Valle del Cauca. El paro es indefinido.