EFE | LA PATRIA | Bogotá

El paro minero que paralizó el noroeste de Colombia e incluso derivó en el fin del cese el fuego bilateral del Gobierno y el Clan del Golfo, fue suspendido este miércoles después de más de un mes de protestas muchas veces violentas.

"No vamos a levantar el paro, se suspende el paro y nos vamos a la casa con el conocimiento de la interpretación tácita de irnos a trabajar", dijo Saúl Bedoya, vocero del comité del paro minero.

La protesta comenzó el pasado 2 de marzo en rechazo a las operaciones policiales y militares contra la minería ilegal que destruye el medioambiente.

Bedoya agregó que "nunca antes" ninguna protesta logró lo que consiguieron durante las movilizaciones para los mineros de la región del Bajo Cauca, en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

El paro minero, que según el Gobierno estuvo instigado por el Clan del Golfo, causó el confinamiento de más de 250.000 personas, lo que obligó a las autoridades a realizar caravanas para garantizar el normal tránsito por la troncal de la costa, proteger la integridad de los transportistas y abastecer a las regiones que estuvieron aisladas.

Durante el paro las autoridades dijeron que el Clan del Golfo hizo un atentado en el que destruyó el acueducto del municipio de Tarazá, donde también fue incendiado un peaje, entre otros ataques.

Por ello el Gobierno acusó al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, de romper el cese el fuego, razón por la cual puso fin al mismo con ese grupo el mes pasado.

Avances en negociaciones

La suspensión del paro se conoce horas después de que el Gobierno realizara un consejo de seguridad en Caucasia, en la convulsa región del Bajo Cauca, tras el cual dijo que "es prioridad la atención de la población que tiene incidencia en la extracción minera en la región".

"Muestra de esto ha sido la presencia continua en los municipios del Bajo Cauca antioqueño desde el inicio de la protesta social, en donde se han realizado mesas de diálogo con la comunidad, con la participación de los ministerios de Minas, Ambiente y del Interior, así como de otras entidades cuya misión es garantizar los derechos de esta población", detalló el Gobierno en un comunicado.

Igualmente, el presidente Gustavo Petro ordenó revisar la titulación minera en la región para "determinar quiénes son los tenedores de los derechos mineros y con cuáles cuenta el Estado".

También instó a "estudiar alternativas de comercialización del oro, que cuenten con la participación técnica del Estado" y solicitó al Ministerio de Transporte realizar "una caracterización" de la maquinaria pesada que opera en la región y sus dueños, con miras a una salida social y económica.

"El presidente Gustavo Petro ordenó la urgente conformación de la mesa técnica que articule la respuesta y oferta institucional que se viene desarrollando para la región para definición de un plan integral", detalló el Gobierno sobre las medidas tomadas para enfrentar la situación.