EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, atribuido a Marelbys Meza, quien trabajó para ella como niñera, fue el detonante de una serie de irregularidades que ayer pasaron factura a Sarabia, mano derecha del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su Gobierno, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien lo fue durante la campaña electoral.

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación”, manifestó Petro en una ceremonia de ascensos militares en Bogotá.

Sarabia es una joven abogada que trabajó con Benedetti cuando era senador y de la mano de éste llegó a Petro, quien la llevó a la posición más cercana que tenía: la de jefa de despacho.

Así se convirtió en una de las mujeres más poderosas del país, pero su meteórico ascenso se vio frenado por el escándalo de la niñera y las interceptaciones ilegales en su contra.

El hurto de dinero

Todo comenzó en enero cuando, según publicó el sábado la revista Semana, Marelbys Meza fue acusada de hurtar un maletín con una suma no precisada de dinero de la casa de Sarabia.

Según Meza, cuando Sarabia supo del hurto la hicieron ir hasta una dependencia presidencial donde fue interrogada y sometida a pruebas de polígrafo sin una orden judicial.

Hasta ahí el escándalo era por el posible abuso de poder del Estado para esclarecer un asunto particular, pero de repente los reflectores apuntaron hacia Benedetti, quien según el periodista Daniel Coronell, podría estar detrás de la denuncia de Meza, en un episodio de “fuego amigo” en el Gobierno.

Benedetti es un polémico exsenador que fue de los primeros aliados de Petro fuera de la izquierda en 2021, cuando lanzó su candidatura, y decisivo en su triunfo, por lo cual se convirtió en figura poderosa en el Gobierno, que lo designó embajador en Venezuela.

La conexión con el embajador

Tras la denuncia de Meza surgió la conexión de Benedetti con el caso, revelada en W Radio por Coronell, según la cual el ahora embajador y Sarabia, su antigua funcionaria, tuvieron choques por cargos en el Gobierno.

Según esa versión, Benedetti quería dejar la embajada en Caracas y le pidió a Petro el Ministerio de Defensa, lo que fue rechazado por el presidente, y Sarabia “le ofreció el Ministerio del Interior o la Cancillería, a pesar de que ambos cargos ya estaban ocupados”.

Benedetti regresó esta semana a Bogotá para reunirse con Petro y, mientras el país esperaba los resultados de ese encuentro, la revista Cambio reveló que Meza no solo fue interrogada sin orden judicial sino que su teléfono fue interceptado por la Policía, que usó como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el Chocó.

Esa versión fue corroborada por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo en una rueda de prensa que se tomarán “decisiones judiciales” en este caso.

Paradójicamente, Petro cuando estaba en la oposición fue un feroz crítico de las interceptaciones ilegales hechas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), conocidas en el país como “chuzadas”, por lo que ayer reiteró: “Este Gobierno no va a repetir la suciedades de otros gobiernos”.

La encrucijada de Petro
Este escándalo que está lleno de cabos sueltos se produce en un momento en que el Gobierno de Petro vive horas bajas, con problemas en diferentes frentes.

Por un lado, sus reformas sociales están paradas en el Congreso y la coalición de Gobierno acaba de estallar, hasta el punto de que congresistas del partido Alianza Verde presentaron una proposición para archivar la polémica reforma a la salud.

El presidente, además, mantiene un duro enfrentamiento con el fiscal, con el Consejo de Estado, con la Procuraduría e incluso con la prensa.

En un intento de inclinar la balanza a su favor, Petro anunció que el próximo 7 de junio caminará “al lado del pueblo trabajador” en una movilización convocada por centrales obreras en defensa de las reformas. Ese mismo día Sarabia estaba citada por el Congreso para responder por el caso de la niñera, un problema doméstico que alcanzó una dimensión de crisis de Gobierno y le costó el cargo.

Avances de la investigación
La Fiscalía adelanta inspecciones judiciales y ordenó que se realicen diligencias de interrogatorio a tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional, quienes se desempeñaban, uno como analista de comunicaciones, y los otros tres como investigadores. Los procedimientos judiciales son realizados por servidores del CTI.