EFE | LA PATRIA | MEDELLÍN

Familiares de personas desaparecidas durante 2001 y 2004 en una comuna de Medellín pidieron ayer celeridad en el proceso de búsqueda ante los retrasos en las excavaciones en unas escombreras de la ciudad que deberían haber iniciado en noviembre del 2022, pero donde no han comenzado.

"La búsqueda no es un favor, es una deuda histórica del Estado", expresó María Auxilio Arenas, portavoz del colectivo de "Mujeres caminando por la verdad", durante su intervención en la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que adoptó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger los sectores de "La Escombrera" y "La Arenera" de la Comuna 13.

En esta localidad popular, que fue escenario de operaciones militares violentas y estuvo controlado por años por la guerrilla y los paramilitares, la JEP calcula que hubo al menos 459 personas desaparecidas entre 1981 y 2016, por grupos armados ilegales, así como por la fuerza pública.

Arenas, luego de un acto simbólico en homenaje a las compañeras que fallecieron "esperando respuestas, verdad y justicia" sobre sus familiares, pidió a nombre de las víctimas "más voluntad y celeridad para que la búsqueda sea efectiva".

La abogada Adriana Arboleda, coordinadora del área de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, contó que ha habido "una serie de dilaciones, sobre todo porque desde la Alcaldía de Medellín se exigió que hubiera un estudio de geotecnia para poder hacer la intervención, y solamente hasta el pasado 21 de septiembre ese informe fue entregado".

Por ello, instó a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) a que "se tomen decisiones para poder avanzar en la búsqueda, que nos digan la fecha exacta de cuándo empieza la intervención técnico-forense", pues el próximo mes se cumplen 21 años de la Operación Orión, donde hubo más de un centenar de desaparecidos.

Proceso lento

Lo que supuso hace cerca de un año una gota de esperanza para las familias de al menos 200 víctimas de desaparición forzada durante el periodo 2002-2003 ahora está en pausa. La UBPD y la JEP han iniciado planes para intervenir "La Escombrera", pero los trabajos no han comenzado.

"Este ha sido un proceso lento; por tecnicismos se ha alargado el proceso de búsqueda", dijo Luz Elena Galeano, a quien le arrebataron a su esposo Luis Javier Laverde en la Comuna 13.

El sábado ella y otras mujeres estuvieron en el vertedero haciendo un recorrido y un acto simbólico mientras se preguntaban "¿por qué nos pusieron trabas para buscar a nuestros familiares desaparecidos?".

Perdón a las víctimas

El magistrado de la JEP Gustavo Salazar, además de pedir perdón a los familiares de las víctimas, en especial a las madres buscadoras, indicó que la audiencia es parte de un "camino lento" que esperan "despejar" para realizar la excavación en "La Escombrera".

"Le pedimos perdón porque no hemos podido responder en la dimensión que deberíamos y porque el Estado ha sido supremamente negligente. En 21 años no se ha iniciado un proceso de excavación. Creo que es tan palmaria la brecha entre las necesidades de las víctimas y la respuesta estatal que no queda más que pedir perdón", declaró a periodistas Salazar.

El ingeniero Diego Moreno precisó que, de acuerdo con los hallazgos del estudio geotécnico realizado por su firma, es posible ejecutar el plan de intervención forense en "La Escombrera" y "La Arenera", zonas que estás protegidas por las medidas cautelares de la JEP.

"La topografía es la adecuada para seguir haciendo las excavaciones", apuntó el experto, quien recomendó la realización de obras para mitigar los riesgos durante la remoción de 44.000 metros cúbicos de tierra y escombros.

Tras la entrega del estudio geotérmico, las familias de las víctimas siguen esperando resultados, mientras que el magistrado, ante las preguntas de cuándo empezarán las excavaciones responde sin un fecha fija: "tiene que iniciarse lo más pronto posible".

Dos décadas de la Operación Orión

La Operación Orión (entre el 16 y el 17 de octubre de 2002) es considerada la mayor intervención militar urbana en Colombia (criticada por haberse hecho en connivencia con los paramilitares para expulsar a la guerrilla de la Comuna 13).