En el Gobierno del Cambio la corrupción es el pan de cada día. El espíritu de servicio de la “abnegada clase política” se desbordó de tal manera que, sin pudor alguno, está aplicando al pie de la letra la instrucción del estratega de campaña de Petro, el hoy embajador en Chile Sebastián Guanumen, quien recomendó correr los límites éticos y poner en marcha la política del todo vale. Sin sorpresa alguna, los medios nos ponen al día sobre el último raponazo orquestado por uno o varios de estos adelantados representantes nuestros ante los distintos órganos de representación popular, o simplemente en el ejercicio de un cargo público, cuyo manejo presupuestal obra la atracción particular como la del imán frente al hierro y al níquel, de la que muchos, muchísimos servidores son incapaces de inhibirse.
De acuerdo con Pacho Santos, las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia en relación al escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de la que fue su director y en la que terminó salpicando al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, demuestran que hay un concierto para delinquir comandado y dirigido por el presidente Petro desde la Casa de Nariño. En sus declaraciones, Olmedo López dice haber recibido instrucciones del “cónclave”, como él denominó la reunión celebrada en las oficinas del DAPRE y señala a unos ministros como ejecutores y a unos congresistas como receptores.
Guardando prudente distancia, los ministros Bonilla, de Hacienda, y Velasco, del Interior en ese entonces, asume protagonismo especial la asistente del ministro Bonilla María Alejandra Benavides, quien el 15 de diciembre se reúne con Olmedo López y otros funcionarios para explicarles cómo están repartiendo los contratos por 92.000 millones de pesos para comprar las conciencias de los congresistas dispuestos a respaldar los proyectos del Gobierno, distribuidos en Carmen de Bolívar (Bolívar) 11.700 millones, Cotorra (Córdoba) 46.000 millones y la zona del río Bojaba en Arauca 34.000 millones, con destino al Eln. 
El tema avanzó, y entre el 20 y 26 de diciembre Sneyder Pinilla le notifica a su jefe Olmedo que la asistente del ministro Bonilla ya le ha entregado los nombres de los alcaldes y contratistas para las obras de los municipios antes mencionados. Para el 6 de febrero de este año, en nueva reunión entre López y la representante Karen Astrid Manrique, enlace con los congresistas involucrados, de su puño y letra anota en una libreta los nombres de Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, quienes de ahora en adelante seguirían coordinados por el también representante y presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Wadith Manzur, Comisión que estudia las demandas contra el presidente Petro.
De todo este entramado delictivo existen chats, registros de ingresos a entidades gubernamentales, comunicaciones vía celular y el documento con los nombres de los congresistas implicados. La estrategia de toda esta corrupción se habría acordado desde septiembre, cuando el ministerio de Hacienda avaló la disponibilidad presupuestal de 700.000 mil millones de pesos que en la UNGRD se pueden mover sin cumplir la ley de contratación pública. Dicho de otra manera, la UNGRD se utilizó como caja menor del corrupto Gobierno del Cambio, que lo único que ha logrado, es devolver el país a la nefasta ola de violencia vivida en el pasado y a poner a vivir sabroso a los corruptos de todas las pelambres.