El levantamiento del paro camionero se dio, luego de que el Gobierno y transportadores acordaron no subir $6.000 y de manera gradual el precio del diésel, como era el propósito inicial. Solo $400 pesos de manera inmediata y otros $400 en diciembre. El recorte en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) será de $600 mil millones y no de $1,6 billones presupuestados, debiendo arrastrar el FEPC un déficit de entre $10 a $11 billones.
Al continuar aumentando el desfase presupuestal, se afectará la sostenibilidad fiscal del país, al tiempo que el compromiso de limitarla, vía diésel, deja en veremos la solución a una serie de problemas que aquejan al sector transportador.
El Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC actualmente vigente, conocido como “libertad vigilada”, y acordado en el 2011, precisamente para levantar otro paro, no encendió la llama en esta oportunidad, pero sí la avivó, pues fue el segundo tema tratado, sin que se llegase a un acuerdo sobre el mismo. En la lista de problemas está la sobreoferta de vehículos, que tiene incidencia directa con la reposición de los mismos, en el que para entrar uno hay que sacar otro en operación, lo que se conoce con el “uno a uno”.
Entre los puntos del acuerdo se estableció que las alzas futuras del diésel se suspenden hasta que se “logren las transformaciones estructurales que el sector transportador requiere”, las que apremian y no dan espera. Al quedar en ebullición el problema fiscal generado por el subsidio del diésel, más temprano que tarde la olla a presión volverá a estallar. Como todo lo tergiversa el “Gobierno del Cambio”, esta expresión de un sector de la economía nacional fue fustigada por Petro que lo llamó “paro empresarial” y, según él, no fue una manifestación social como lo fue el estallido del 2021, que inmenso daño le causó a la economía del país.
Desde su óptica, el de ahora, tuvo “oscuros intereses políticos y económicos” y el ocurrido bajo su dirección en el gobierno de Iván Duque, fue un movimiento social por “justas reivindicaciones”. Es la forma egocéntrica y populista como Petro maneja el poder, en donde lo hecho por él, es lo indicado, sin que existan talanqueras que se lo impidan. Por eso, la Constitución le vale huevo y poco le importa.
Convencido está que vino, no solo a salvar a Colombia sino al mundo. Ese consumo excesivo de “café”, que según su confesión es a lo único que es adicto, lo lleva a creerse un líder ambiental que salvará al planeta, sin darse cuenta que el país que gobierna es donde más líderes ambientales mueren por año, según la ONG británica Global Witness. Por eso, su frase de cajón; “Colombia potencia de vida”, es todo lo contrario, somos potencia de muerte por la violenta arremetida de grupos al margen de la ley, envalentonados por él, a quienes saca de las cárceles y los nombra “gestores de paz”.
Deslenguado y grosero, ataca y descalifica a quienes no están de su parte. A los periodistas, en especial mujeres, capaces y preparadas que cuestionan su gestión administrativa, las señala de ser “muñecas de la mafia”. A las Cortes, que tanto lo incomodan, las contradice y les echa “su pueblo” encima. Al Consejo Nacional Electoral, por cumplir con su deber, lo culpa de orquestar un golpe de Estado. Y de sobremesa, se aterra de que el presidente de la Corte Suprema, siendo negro, sea conservador. En suma, el exministro Juan Camilo Restrepo bien lo dijo: “Cuando Petro se vaya dentro de dos años, dejará el país, peor de lo que los Emberá dejaron el Parque Nacional en Bogotá”.