En declaraciones a la revista Cambio, el presidente Petro, en relación con las versiones sobre supuestas afectaciones a su salud, que dieron lugar a la presentación de una proposición en el Senado de la República para hacerle una valoración médica, proposición que se encuentra actualmente engavetada, dijo: “no es nada grave” y sobre su salud mental fue tajante en señalar que no sufre de depresiones, “eso nunca ha estado en mi existencia”, en clara respuesta a Ingrid Betancourt, quien en días recientes manifestara que: “lo que está pasando hoy tiene unos antecedentes de tiempo atrás” y contó su experiencia cuando siendo senadora en el año 1995, invitada por el Parlamento Europeo en compañía, entre otros, de Carlos Alonso Lucio, visitaron a los esposos Gustavo Petro y Mary Luz Herrán, hoy separados, días en que Petro se desempeñaba como secretario de la embajada de Colombia en Bélgica, a quien encontraron en deplorable estado de inconciencia, tirado en el piso, por lo que Mary Luz pidió disculpas diciendo que no había alcanzado a reaccionar, que volvieran después. Estas declaraciones suscitaron la absurda y descompuesta reacción de Petro quien dijo: “El chisme de Ingrid no lo entiendo, es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Eso que cuenta son mentiras, incluso no me gustó porque llegó con Lucio, eran novios en ese momento y me rompieron una cama”. Semejante declaración a la revista Cambio, dada por el Presidente de la República, habla por sí sola de su bajeza y miserabilidad. No tener mesura en sus declaraciones, igualando la jerga propia de los maleantes de la “primera línea”, a quienes defiende a capa y espada, acusa necesariamente un grave trastorno mental, que no requiere de evaluación médica por saltar a la vista, además, porque de ser aprobada la proposición que cursa ante el Senado, nada ni nadie obligarían al mandatario a someterse al examen. En buena hora y tarde no lo es, para que dicha valoración sea mandato constitucional, exigible no solo al presidente, sino a los gobernadores y alcaldes de capitales, como requisito para validar sus aspiraciones. Las permanentes cancelaciones en su agenda personal para atender mandatarios de otras naciones, cortes, gremios y ciudadanía, 84 en total, amén de las llegadas a compromisos, horas después sin justificación alguna, ponen de manifiesto la anormalidad  en el desempeño de las funciones, de quien encarna la majestad de la República. Igual, la vinculación nuevamente de Laura Saravia como directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, (DPS) encargada del manejo de los cuantiosos recursos dirigidos a comprar conciencias, camuflado hábilmente con el remoquete de prosperidad social, como la atención de los subsidios de un millón de pesos a los jóvenes de zonas rurales con problemas de conflicto armado, en número cercano a los 100 mil, y a los excarcelados de la “primera línea” que serían convertidos en “Gestores de Paz”, en momentos en que la funcionaria está afrontando una investigación por el caso de las interceptaciones o chuzadas, y cuya comparecencia ante la Fiscalía fue reprogramada para hoy, 4 de septiembre, tiene dos grandes connotaciones. La primera, que una vez tome posesión, el expediente, pese a haber contradicciones sobre su curso, tendrá necesariamente que pasar a la Corte Suprema de Justicia, pues la Constitución señala que la Corte, además de juzgar a los Ministros del Despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, los Gobernadores, Magistrados de Tribunales, Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, deberá juzgar a los directores de los Departamentos Administrativos, cargo que ocupará Saravia, según se desprende de la publicación de su hoja de vida en el sistema de aspirantes a cargos en la presidencia, en el que después de transcurridos tres días, se emitirá el decreto de nombramiento. La segunda connotación, su regreso bajo estos delicados señalamientos, que tienen que ver incluso con desapariciones de dinero y hasta la muerte de un coronel de la policía, obligadamente llevan a pensar que mucho sabe, no solo sobre esto, sino sobre la vida personal de Petro, a quien hasta hace poco le manejaba su agenda personal. El tamaño del cargo, manejando 20 billones de pesos, como quien maneja una tienda de esquina en el barrio, le cierra la boca a Laura, o a cualquiera otra persona  que se quiera acallar. Por algo, es este el Gobierno del cambio.