La buena fe es un principio ético o moral que debe ser el rector de la conciencia y el axioma de las relaciones humanas. Por eso mismo no debería hacer parte de un ordenamiento jurídico, pero las martingalas o marrullerías empezaron a desacreditar el principio y a obligar a que el mismo se convirtiera en norma, que en nuestro caso fue elevado a precepto constitucional por el artículo 83 de la Constitución: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
Quizá ya sea solo para rememorar las voces de nuestros mayores, según las cuales, el compromiso de la palabra era una ‘escritura’, cuyas condiciones verbales se cumplían a cabalidad sin que mediara algún tipo de documento; contrario a lo que suele suceder hoy en el complejo mundo de relaciones en el que nos desenvolvemos, donde las obligaciones adquiridas por más solemnes que estas sean, son injustificadamente incumplidas a pesar de la relevancia de aquel principio. 
Y es que la buena fe, que debería permear sin excepción todos los ámbitos sociales, tiene especial relevancia en materia de los contratos por más elementales que estos sean (compra de un dulce, un calzado, v. gr), y sin que se pueda abusar de posición dominante o de cualquiera otra circunstancia. Cuando se adquiere algo a título oneroso y sin ningún tipo de salvedades por ejemplo, debe presumirse que el objeto adquirido reúne las condiciones acordadas transparentemente entre comprador y vendedor, pero ‘sorpresas te da la vida’, y la constitucionalidad del principio parece verse comprometido en su valor y eficacia. 
El artículo 52 de la Constitución prevé que “El deporte y la recreación, forman parte de la educación”, al tiempo que reconoce como “un derecho de todas las personas” la recreación, la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Por último estipula el mismo precepto que, “El Estado fomentará estas actividades e ‘inspeccionará’, ‘vigilará’ y ‘controlará’ las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. Es indudable entonces la alta significación o contenido que tienen en nuestra organización social la recreación y el deporte, cuya dimensión se hace mayúscula cuando está involucrada la colectividad. 
Cuando se ofrece un espectáculo al público, como el fútbol, al mismo le son inmanentes libertades, derechos y deberes. De las primeras puede mencionarse la opción de asistir o no al evento y la libre expresión y locomoción dentro del escenario, con las limitaciones de ley; de los deberes, tanto el pago de boleta de ingreso, así como el buen comportamiento ciudadano dentro del recinto, y, concomitantemente, se adquieren los derechos que surgen de ese contrato, como es la garantía de la localidad contratada, y la seguridad personal, también como ejemplo.
De las escasas extraordinarias diversiones comunes que tiene Manizales, fuera de caminar sus calles, visitar sus lugares emblemáticos y admirar sus paisajes, están los eventos deportivos, y muy especialmente el tradicional fútbol profesional. Desde que el Once Caldas fue campeón de la Copa Libertadores de América -solo para referir un antes y un después-, sus campañas en los distintos torneos del rentado nacional, unas ‘han sido de cal y otras de arena’; sin embargo, la hinchada sigue fiel a sus designios; pero hay aspectos administrativos que no mejoran.
Al retornar al estadio “Palogrande” de Manizales al inicio del actual campeonato, se adquirieron en taquilla boletos para el ingreso al primer partido del Once Caldas. Al buscar en la gradería los puestos numerados contratados, ya se hallaban ocupados por otros aficionados quienes alegaron llevar muchísimos años disfrutando de los mismos como abonados; pero sucede también lo contrario, que abonados encuentren sus localidades ocupadas por otras personas. Al indagar a los acomodadores por la garantía en la ubicación, expresaron que el problema se genera por sobreventa de tiquetes, lo que confirmaron otros asistentes al evento futbolero, situación que, cuando menos, puede generar malestar o riesgos de algarabía. Seguramente no ocurre solo en la capital de Caldas, y parece más habitual de lo que se cree. 
Manizales es una ciudad que se ha distinguido por su cultura y, por ende, por su buen comportamiento, pero para ello deben contribuir no solo los responsables del espectáculo público como el aludido, sino los propios aficionados y las autoridades, ejerciendo vigilancia y control, incluso sobre los dineros por el pago doble de entradas. Si no se tiene el título que habilite para ocupar un lugar determinado, no invadirlo, pues puede estar asignado a otro.