La ciudadanía juvenil en Colombia es central para el fortalecimiento de la democracia participativa. Sin embargo, persisten barreras institucionales, sociales y culturales que limitan la participación de los jóvenes en escenarios institucionales gubernamentales. A manera de antecedente, los Consejos de Juventud se eligieron según la Ley 375 de 1997 - principios del Siglo XXI-, pero no logran incluir sus temas en las agendas públicas y menos superar la apatía y la desconfianza a la institucionalidad que les caracteriza. 
A pesar de los avances en políticas públicas dirigidas a la juventud como es la expedición de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, continúa desconexión entre las estructuras institucionales y las expectativas juveniles, reflejada en la alta abstención electoral de la elección nacional de los Consejos de Juventud de 2021 alcanzando el 86% entre jóvenes de 14 a 28 años.
En paralelo, los jóvenes han encontrado en las plataformas digitales un medio para redefinir su rol y amplificar sus voces en la esfera pública. La digitalización ha transformado la comunicación, haciendo que sea más interactiva y fomentando relaciones más fluidas entre los ciudadanos y con el Estado. El concepto de ciudadanía, vinculado tradicionalmente a derechos y responsabilidades dentro de un marco geopolítico, ha evolucionado para incorporar una dimensión digital. En este sentido, la ciudadanía digital implica el acceso a herramientas tecnológicas como la capacidad de utilizarlas de manera efectiva para influir en procesos políticos, sociales y económicos. 
Según Castells, en su libro Redes de indignación y esperanza (2012), los movimientos sociales que surgen en la era digital se caracterizan por una comunicación más horizontal y descentralizada. Esta estructura les da flexibilidad y capacidad de autogestión para desafiar estructuras de poder establecidas. El acceso a internet y redes sociales permite a las personas participar en debates públicos, crear movimientos y ejercer presión sobre los tomadores de decisiones.
No obstante, el entorno digital también plantea ciertos desafíos. La facilidad para diseminar noticias falsas y la polarización fomentada por algoritmos en plataformas digitales afecta la calidad de la participación ciudadana. Según García (1995), “las identidades ahora se configuran más en torno al consumo que a las esencias históricas”;, fenómeno que impacta la construcción de ciudadanía. 
La ciudadanía digital es, por tanto, un proceso complejo, con potencial tanto constructivo como destructivo, dependiendo de la capacidad de los ciudadanos para discernir entre información veraz y manipulaciones.
El libro Las Políticas Públicas de Juventud en Colombia durante el periodo 1997-2011 destaca las tensiones entre la participación formal e informal. Mientras que los Consejos de Juventud representan la participación institucional, el activismo juvenil en redes digitales y movimientos autogestionados manifiesta una participación informal. Ambas formas pueden complementarse o contradecirse, afectando la capacidad de las instituciones para incluir a los jóvenes en la toma de decisiones. Además, las plataformas digitales, aunque vistas como espacios de democratización, a menudo reproducen desigualdades o generan nuevas formas de exclusión.
Si las instituciones no reconocen las otras expresiones de participación juvenil, la desafección hacia las estructuras tradicionales de poder seguirá creciendo. En este contexto, es esencial que las organizaciones sociales, instituciones y la academia propongan nuevas dinámicas de participación juvenil que integren tanto la dimensión digital como el activismo social. Surgen así preguntas cruciales: ¿Cómo se están adaptando las instituciones para incluir efectivamente las voces juveniles más allá de los mecanismos formales? ¿Cómo puede la academia contribuir a modelos innovadores de participación que integren el activismo digital?