Dando continuidad a esta columna,  apuntes de reflexión crítica de la política pública, es interesante abordar la concepción de la política pública social y la política pública económica con el fin de entender por qué la política social se asume no solo en Colombia sino en la región de compensación más que generación de espacios de igualdad entre los ciudadanos (UNICEF, 2021).
 Ciertamente, hacer políticas públicas es hacer política porque reflejan los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo; evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son sólo documentos con listados de actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá, la materialización de la acción del Estado, puente visible entre el gobierno y la ciudadanía (Torres-Melo, 2013). No obstante, como sociedad y como miembros del Estado aún nos falta comprender el campo propio de las políticas públicas, por ejemplo, diferenciar las leyes de las políticas públicas y por ende comprender las relaciones, alcances y límites de unas frente a otras. En este sentido, Torres-Melo, 2013, afirma que tampoco hemos logrado como colectivo diferenciar la administración de lo público con la inclusión en agendas y la implementación de política pública.
 Entrando en materia, prevalecen dos concepciones de la política social y la política económica que coexisten en la literatura científica y en la praxis gubernamental, uno de carácter restringido y otro, en clave de justicia social y su concepto se asimila a la Protección Social. El concepto restringido, clasifica la Política Social separada de la Política Económica pero la práctica nos indica que su demarcación no existe. El otro concepto, plantea como fin último, superar las injusticias y las exclusiones sociales con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades y un Estado garante de los derechos fundamentales. En esta línea, vale la pena ilustrar otras tipologías o clasificaciones de Política Pública: hegemónicas, las cuales reflejan el proyecto político dominante, de dominación donde se presenta la cooptación o la represión y Transaccionales como producto de la negociación entre sectores de poder.
 En esta distinción Carlos Salazar Vargas (2019), argumenta que “entre lo económico y lo social los límites son muy difíciles de definir. Por ejemplo, el gasto en salud es social, pero igualmente -en la medida en que se gasta en prevención- tiene connotaciones económicas, porque está tomando medidas para evitar erogaciones superiores en un futuro cuando se requiera adelantar programas de tipo curativo. El gasto en educación se puede ver como gasto social, pero indudablemente también es de carácter económico al constituirse en capacitación de la mano de obra requerida para la producción”.
 El empleo administrativo de la clasificación de la Política Social separada de la Política Económica refleja la realidad de un proyecto político en el país que ha sido dominante (hegemónico)  y determinante en la reproducción de la pobreza, así:  Colombia presenta el 39% de pobreza monetaria, el 12,2% de pobreza extrema y el 16,0 % de pobreza multidimensional (Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026). El concepto de Política Social en nuestro contexto, como ya se ha planteado, se asemeja a la Protección Social (es solo una parte), comprende el portafolio de la asistencia social dirigido a la población vulnerable para enfrentar las crisis. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Gustavo Petro, se propone el Sistema de Protección Social como pilar fundamental de la seguridad humana que permitirá sentar las bases de un sistema adaptativo que dé respuesta rápida a diferentes choques que ponen en riesgo la calidad de vida. Para lograr este propósito se le darán prioridad a la generación de empleo, complementado, si es necesario, con transferencias monetarias a los hogares más pobres. Adicionalmente se fortalecerán los instrumentos que cubren los riesgos de desempleo y protección a la vejez.
 Al respecto, la Política Social es un instrumento de planificación del Estado orientado a la justicia e igualdad social, garante del bienestar inclusivo con políticas sociales universales y un enfoque económico de redistribución de la riqueza (Lessa Kerstenetzky, 2017). Pero, parece interesante profundizar la propuesta del Estado social de cuarta generación que deja atrás el enfoque paternalista, asistencial e intervencionista, que Pierpaolo Donati, 2004, denomina el Estado social relacional donde las políticas sociales basadas en la libertad y la igualdad consideren un tercer pilar como es el de la solidaridad que lleva en sí valor y finalidad.  Es un Estado que haría realidad la ciudadanía compleja que trasciende los sujetos beneficiarios pasivos a sujetos activos que la eligen y la producen. Rompe las características jerárquicas, burocráticas y asistencialistas.