A principios de los años noventa el atraso de la malla vial en nuestro país era total. Transitar por cualquier carretera era una tortura. La posibilidad de poder circular por una vía de doble calzada era una ilusión. La construcción y el mantenimiento de las carreteras corrían por cuenta del entonces Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio del Transporte. Cualquier construcción, reparación o mantenimiento de una vía tardaba muchísimos años.
La falta de recursos era otra dificultad latente. El estado nunca disponía de la plata para invertir en obras públicas. Fue así como la nación tomó la decisión de realizar el desarrollo vial por cuenta de las concesiones. Gracias a esto se logró que el país se fuera desatrasando en su malla vial y pudiera ir mejorando en su conectividad vial y aunque falta mucho por hacer, es mucho lo que se ha logrado.
Han sido aproximadamente treinta años los que se han recorrido con este sistema y a medida que ha pasado el tiempo, la contratación por medio de las concesiones se ha venido perfeccionando, tanto que vamos por las de quinta generación, más conocidas como las 5G. Lamentablemente con el nuevo gobierno el ritmo que se llevaba en el mejoramiento vial se paralizó.
A Petro poco le interesa que se mejore la malla vial o se construyan nuevas vías. Inclusive con respecto a las vías terciarias, que es su apuesta de gobierno, poco se ha avanzado. Atrás quedaron las inauguraciones de las autopistas. Es tan poco el interés que se tiene que hasta en la ANI, que es la entidad encargada de atender y manejar las concesiones, no hay director en propiedad.
La mayor participación del Gobierno con las concesiones fue no aprobar el incremento en el valor de los peajes a principios de este año, lo que está trayendo consigo un hueco en los recursos del estado. Se estima que para diciembre alcance una cifra aproximada a los 900 mil millones de pesos y lo más delicado, los concesionarios están empezado a presentar demandas contra el país por el posible incumplimiento contractual, lo que en caso de resultar favorables para  estos, puede traer consigo un golpe muy duro para las finanzas del Gobierno.
En cuanto a las tres concesiones que se tienen firmadas para mejorar la comunicación entre Manizales y Medellín vale la pena tener en cuenta que Pacífico uno, que va desde Caldas hasta Bolombolo, está construida en un 90% y se espera que se inaugure en el primer semestre del año entrante; Pacifico dos, que va desde Bolombolo hasta La Pintada, se encuentra en pleno funcionamiento y en Pacifico tres se solucionaron las dificultades que se tenían con el tubo del oleoducto y con las invasiones y se espera que esté terminada para finales de este año.
Solo quedarían faltando la construcción de dos puentes y 60 metros a la llegada a La Pintada. Según lo anterior, se espera que en menos de un año los manizaleños podamos viajar en carro a Medellín en un tiempo aproximado a las dos horas y media. Para algunos, la construcción de estas concesiones puede haberles parecido muy demorada, sobre todo si se tienen en cuenta las incomodidades y dificultades derivadas de los pare y siga; sin embargo, hay que tener en cuenta que si las hubiera construido directamente el Ministerio del Transporte, muy probablemente estarían en el punto de los diseños.
En las concesiones actuales, por las condiciones financieras del contrato a los concesionarios, les urge construir las obras lo más rápidamente posible debido a que es su responsabilidad disponer de los recursos, que entre otras provienen de créditos tomados con bancos o inversionistas extranjeros. Créditos que como mínimo el 30% son intereses, por lo que cualquier retraso que se dé en la construcción les implica un costo muy alto. Hay que tener en cuenta que el pago de la obra por el Gobierno se realiza con los recaudos de los peajes y con recursos de la Nación mediante vigencias futuras.
Las posiciones adoptadas por el Gobierno con respecto a los concesionarios están poniendo al país en alto riesgo. Además de las decisiones con respecto a los peajes, prácticamente no los está atendiendo en sus dificultades y los están presentando ante la comunidad como unos constructores ricos que están haciendo las obras muy costosas.
Estas actitudes del Gobierno están generando incomodidades que pueden llevar no solo al incremento de las demandas contra el Estado, sino que además, puede llegar al punto del abandono de las obras, lo que sin lugar a dudas sería catastrófico para el país. Por un lado, por el golpe económico y, por el otro, dejarlo incomunicado por tener que transitar por unas vías en mal estado. Es decir, volveríamos a épocas de los años ochenta, con un punto aún más complicado, pues la presencia de carros y camiones ha crecido exponencialmente desde esas épocas.