El presidente Petro tiene preocupados, estresados y hasta deprimidos a muchos colombianos.  Una gran parte de la población  vive pendiente de los actos terroristas, de los escándalos que salen a la luz pública -propiciados especialmente por el círculo cercano del mandatario-, de las peleas que casa, de las salidas en falso y  de las propuestas descabelladas que saca permanentemente en la red social X (antes Twitter). 
A través de esta red  le ordenó al ministro del Transporte, que  los sistemas de transporte como el  Transmilenio y similares que funcionan en las principales ciudades del país, fueran gratuitos. 
El ministro del ramo tuvo que salir a marchas forzadas a cumplir  las órdenes de su jefe, eligiendo acogerse a la ley 142, que es la que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, como son el agua, la luz y similares, lo que sin lugar a dudas es una verdadera leguleyada. El transporte así sea un servicio público esencial, no se puede equiparar con los servicios públicos domiciliarios.
La propuesta es que a futuro  todos los usuarios de los servicios domiciliarios, donde esté  funcionando este sistema de transporte,   tendrán que contribuir con el pago, así no utilicen este transporte.  El monto del cobro, que es un nuevo impuesto, va a ser diferencial, asimilándolo a un derrame de valorización,  el que se determinará de acuerdo al sector donde esté localizado el inmueble y a su distancia con respecto a las estaciones.   No tengo ninguna duda de que este tipo de órdenes acatadas de afán y sin mucho estudio, traerán consigo complicaciones, reclamos y hasta demandas, con alto riesgo para el país. 
Otra de las órdenes del presidente fue  suspender el proceso de adjudicación del contrato de la fabricación de los pasaportes, que desde hace 17 años  una misma empresa  realiza todo: la impresión, custodia y distribución de las libretas, por lo que se ha especializado totalmente.  Dicha empresa dispone de las máquinas requeridas para su fabricación, cumpliendo con todas las exigencias -que no son pocas, ni sencillas-, que se tienen establecidas a nivel nacional e internacional y sobre todo con la seguridad del documento. 
La cancillería inició en el mes de abril -ya retrasado-  el proceso de la convocatoria de la licitación  para la fabricación y  suministro de este documento, cumpliendo todos procesos establecidos en los pliegos.  Aparentemente por el afán, rechazó todas las reclamaciones y recomendaciones que hicieron los interesados, por lo que al final solo quedó como proponente el que ha vendido prestando el servicio, que entre otras ha sido eficiente y seguro. 
Petro ordenó la suspensión  del proceso porque quiere pluralidad de oferentes lo que según él, le daría transparencia a la convocatoria. Hay que aclarar que pluralidad no siempre es sinónimo de eficiencia, ni de seguridad, ni garantía de calidad.  
A última hora cuando todo estaba listo para la adjudicación, el canciller obedeció a su jefe y suspendió el proceso.  El monto de la licitación es de aproximadamente $600 mil millones -que no es cualquier cifra-, lo que motivó a las empresas que quedaron por fuera de la convocatoria a quejarse ante la presidencia. 
Todo apunta a que los colombianos no vamos a poder renovar, ni conseguir un nuevo pasaporte después del próximo   2 de octubre y este documento  es  esencial para que  podamos salir  de Colombia.  Muy posiblemente este hecho traerá consigo altos riesgos para el país por las demandas que seguramente se van a presentar.  
Para solucionar el problema, la cancillería expidió un decreto de urgencia manifiesta con una vigencia de un año para poder contratar “a dedo” al operador que gestione este importante documento.  Con esta urgencia manifiesta  el gobierno está reconociendo su negligencia -por lo que puede haber sanciones-.    Lo normal es que esta figura se utilice cuando se haya presentado un hecho sobreviniente, que no haya sido posible preverlo. Además, con esta decisión tampoco se cumple con la pluralidad de oferentes que  quiere el presidente.