La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales —PTAR— es uno de nuestros íconos sobre la incapacidad de Manizales para hacer obras públicas. Lo tiene todo para ver qué estuvo mal. La discusión es si en año y medio hemos avanzado 1%, como dice el contratista Fypasa, o el 4%, como dice Aguas de Manizales. La verdad es que sin siquiera haberse licitado en 2019, esta obra ya tenía cara de elefante blanco. Desde entonces el diagnóstico estaba claro: iba a ser una licitación de una sola empresa y eso nunca sale bien.
Impedir la licitación en 2019 no era un capricho sino un deber. A algunos no les gustó que sucediera, porque eso significó un aumento en el valor del contrato por el cambio en los mercados y el reajuste del contrato. Como sea, al final, el estado actual de la obra, licitada en 2021 para uno, para la misma empresa, no tiene nada que ver con que el nuevo negocio costara más. Tiene que ver con que el contratista Fypasa no era el mejor sino el único que cumplía los requisitos para participar. Es que en contratación pública, suele suceder, el monto de la plata no es lo que más nos vale.
Ahora bien, los ojos poco se han puesto sobre el consorcio que tiene a cargo la interventoría de la obra, quienes son los llamados a supervisar que se cumpla. Es el Consorcio Inter-Ptar Manizales. Conformado, de un lado, por la empresa Servicios de Ingeniería y Construcción SAS —Servinc—. Una empresa que al momento de firmar este contrato se encontraba investigada por la Contraloría General (https://bit.ly/40wTNig), por no haber cumplido con sus obligaciones de interventor en uno de los casos del contratista cuestionado Mota Engil, el mismo que dejó colgados varios colegios públicos por todo el territorio nacional. 
Es decir, que parece que no supervisa bien. Según se leía del auto de apertura de la Contraloría, de septiembre de 2021, “los integrantes del Consorcio Aulas 2016 [del que hacía parte Servinc], no realizaron el seguimiento adecuado de las obligaciones adquiridas por el contratista Mota Engil”. Hoy la empresa aparece sin ninguna sanción al respecto.
Del otro lado, la segunda empresa del consorcio interventor de la PTAR es Proyectos Civiles y Tecnológico SAS. Mencionada en una investigación de 2019 de La Patria y Consejo de Redacción (http://bit.ly/3G4CEnB) como la contratista que se quedó con la construcción de dos de los tres centros de integración ciudadana más problemáticos de Caldas: el de Samaná y el de Pensilvania. El primero costó más de lo estimado y dos años después de su plazo de entrega aún no tenía conexión hidráulica. El de Pensilvania, seguía en obra después de un año del plazo, y fue entregado después de una licitación, cómo no, en el que solo participó esa constructora.
La licitación de la PTAR fue en la práctica la misma en 2019, 2020 y 2021. En todas el contrato apuntó a Fypasa. El principal argumento que usó Aguas de Manizales para no cambiar el modelo de licitación y de negocio es que siguió los lineamientos internacionales de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores —FIDIC, siglas en francés—, por orden del banco alemán KFW, quien puso la plata para la obra por mediación del Ministerio de Vivienda. 
Muchas veces la empresa de acueducto ha usado esta sombrilla internacional para ocultar información de interés público sobre la licitación y sus informes de interventoría. Esto su suma a una idea abusiva en la que considera que no debe entregar datos por ser una empresa de servicios públicos. En 2021 al menos logramos una publicación del contrato en Secop, pero nunca más se publicó otra cosa allí.
Hay algo que no cuadra, la FIDIC desde 2019 hace parte de la Iniciativa CoST, como se puede ver en este enlace: http://bit.ly/3M9HwMf. Esta iniciativa, según se puede consultar en su página (acá: http://bit.ly/3M8lUQg), promueve la transparencia en los proyectos internacionales de infraestructura. Entre sus pilares esta la divulgación que “garantiza que los datos de los proyectos de infraestructura sean abiertos, accesibles y estén más fácilmente a disposición del público”. Otro pilar es la rendición de cuentas, que busca que medios, academia y sociedad civil tegan garantías para exigir y cuestionar. Pero parece que para Aguas de Manizales, la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda los lineamientos FIDIC se cumplen para unas cosas pero para otras no.