El regocijo por el aumento del salario mínimo legal para el año 2022, por encima de lo que las mismas centrales obreras y dirigentes de izquierda se pudieron imaginar, ha durado muy poco. ¿Por qué? Por cuenta de los recientes incrementos en los precios de bienes y servicios de primera necesidad, hecho que deja sin un efecto real el esperado incremento de los salarios.
El Banco de la República, en su más reciente informe de Política Monetaria de enero, proyectó una inflación del 4,3% para el 2022 y 3,4% para el 2023. Se tomó esta decisión teniendo como base los altos precios de los diversos bienes y servicios en los mercados internacionales que se trasladan a los costos de producción nacionales, además de la devaluación de la moneda que encarece todo tipo de productos importados, bien sea como insumos o como productos finales; en los problemas de la cadena logística internacional que no solo encarecen los precios de los bienes como consecuencia de mayores costos de transporte, sino también por la disminución de la oferta de productos importados generando un desbalance con respecto a la demanda; también se tuvieron en cuenta variables internas como el alza de los precios de los alimentos, la indexación del nuevo salario mínimo sobre los precios de los bienes y servicios producidos en el país y las mismas expectativas de inflación que pueden generar una mayor demanda hacia bienes duraderos. Otro factor inflacionario se relaciona con los alivios otorgados por el gobierno nacional para atender los gastos de la pandemia.
Este escenario llevó a la Junta Directiva del Banco de la República a incrementar la tasa de interés en 100 puntos básicos pasando de 3% a 4%; este tipo de medidas se han venido tomando de manera recurrente toda vez que las tasas de interés pasaron de 1,75% en septiembre de 2021 a 4% en febrero del presente año. Al encarecer el crédito se espera una disminución en la presión de la demanda sobre los precios, aunque también tendrá un efecto sobre los inversionistas, que podría afectar la inversión productiva, disminuir el ritmo de recuperación de la economía y, de ahí impactar el empleo.
Al parecer, estas medidas de política monetaria para controlar la inflación eluden las verdaderas causas del fenómeno inflacionario, el cual no está vinculado necesariamente al exceso de liquidez que aumenta la demanda, sino que se trata de una inflación de costos impulsada por un efecto inflacionario internacional y la dependencia del país de insumos importados para casi todos los sectores productivos.
En el manejo económico –más que en otras áreas– “tapar un hueco” suele abrir otro, algunas veces más estrecho, otras más amplio. La situación descrita es difícil de resolver como quiera que no es factible en el corto plazo romper la dependencia del sector externo para abastecer los centros de producción con los insumos requeridos a menor costo. Como medidas alternativas, diversos sectores han propuesto la reducción de aranceles a la importación de ciertos bienes, aunque esto desestimula a mediano y largo plazo la producción nacional, aumentando la dependencia de los mercados externos. También proponen el control gubernamental de precios, lo cual conduce a un gradual desabastecimiento, resultando más grave el remedio que la enfermedad. No hay que ir ni mirar muy lejos para constatar las consecuencias nefastas de un control oficial (o político) de precios.
Ya lo recalcaba el economista y presidente de la república Carlos Lleras Restrepo: debemos aprender a incrementar la producción nacional, en especial de los insumos básicos, para lograr cierta soberanía del país en las cadenas de abastecimientos y no empeorar la dolorosa pobreza generalizada, por lo cual las soluciones de mediano plazo deben pasar por estímulos a la producción nacional.