Recientemente el ministro de Hacienda anunció que el gobierno presentará una reforma tributaria a los impuestos departamentales y municipales, con el propósito de estructurar un nuevo sistema único y racional que reemplace las diversas y casi caóticas regulaciones actuales. Resulta entonces pertinente analizar los impuestos a los que se refiere el ministro.  Lo caótico del sistema vigente deriva tal vez de la gran cantidad de tributos en estos ámbitos que existen en el país: 21 a nivel municipal y 14 en el departamental; son 35 tipos de impuestos que afectan directamente a las organizaciones y a los ciudadanos, además de los exigidos en el orden nacional. 
En los municipios el 77% del recaudo tributario proviene de tres fuentes: el predial, que representa el 34% de los recaudos; el impuesto por las actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios, permanentes u ocasionales que representan el 36% del recaudo, y la sobretasa a la gasolina el 7%. El restante 23% de los ingresos municipales deriva de 18 tipos de impuesto, poco más del 1% cada uno. Difícil esperar eficiencia de este embrollo impositivo.
En los departamentos el 71 % de los recaudos provienen de los gravámenes al consumo de bienes y servicios que causan algún daño a la sociedad en general o a otros actores sociales; entre estos se encuentran los impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos, más la sobretasa a la gasolina y el impuesto a vehículos, que juntos suman el 58% del total de los ingresos departamentales por concepto de impuestos; el recaudo por estampillas representa el 13 % del total recolectado por los departamentos.
Este cúmulo de impuestos le dan razón al ministro para denominar como “caótico” el sistema tributario territorial; y hasta ahí bienvenida su iniciativa, porque falta conocer el sentido, alcance y las consecuencias de esta proyectada reforma tributaria en 2023.  Si además de organizar y unificar ciertos impuestos también pretende crear nuevos o aumentar los recaudos, en organizaciones y ciudadanos afectados por la reforma tributaria aprobada en 2022, la disminución del ingreso disponible a partir del próximo año tendrá un efecto importante -y negativo- en la actividad económica, ya de por sí crítica por los graves problemas presentados en los últimos tiempos, explicados en columnas anteriores.
También es importante considerar que, en algunos municipios, como Manizales, se ha incrementado el impuesto predial como resultado de la aplicación del catastro multipropósito y su efecto en la actualización del avaluó de los predios. Todas estas medidas resultan contraproducentes para el crecimiento de la economía, siendo contrarias a lo que aconseja la teoría económica. Si estamos en la parte baja del ciclo, o en proceso de bajar, como es la realidad actual, la medida contra cíclica de la ortodoxia económica sería que se aumentara el gasto del gobierno y se disminuyeran los impuestos. Para poder aplicar este tipo de medidas hubiera sido necesario fortalecer la capacidad de intervención del Estado por medio del ahorro cuando el ciclo de la economía se encontraba en la parte alta o en proceso de crecimiento; pero como no ocurrió de esa manera, no es posible tener un gobierno aplicando medidas contracíclicas orientadas a contrarrestar el efecto sobre la actividad económica nacional y local de los diferentes hechos del orden internacional que afectan la economía en los tiempos actuales.
Un Estado alcabalero, unido a un gasto gubernamental desbordado y a una burocracia que exige aportes extras (Colombia es percibida por sus ciudadanos como el segundo país del continente peor clasificado en este aspecto) puede dar al traste con la actividad industrial y empresarial, únicas fuentes de los trabajos remunerados no oficiales que tanto necesita el país.