Un trabajo reciente publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal)  titulado “Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe” presenta un amplio análisis sobre los desafios de la región en materia de política económica y social, como la necesidad de conciliar el impulso a la reactivación económica, enfrentar la inflación y apoyar a los hogares más vulnerables, al tiempo que debe fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, ante la difícil coyuntura mundial actual, los factores estructurales con efectos a largo plazo son los que plantean los retos mayores: incrementar la productividad, transformar los sistemas económicos y productivos para crear más y mejores empleos, avanzar hacia economías tecnológicamente más sofisticadas, reducir las brechas y las heterogeneidades estructurales, transformar los sistemas educativos en verdaderos motores de movilidad social y de crecimiento, eliminar las brechas de género y avanzar hacia sistemas universales de protección social.
Las soluciones propuestas para el corto y largo plazo se ven afectadas entre otros factores por el  proceso inflacionario en la economía mundial que está condicionando significativamente la política monetaria tanto de las economías desarrolladas como las de los países en vías de desarrollo. Por otra parte, la situación fiscal de la mayoría de los países sufrió un importante deterioro como resultado de los esfuerzos fiscales implementados para enfrentar la crisis del COVID-19 y sus consecuencias sociales. En general, la situación social en América Latina y el Caribe se ha deteriorado, produciendo aumentos considerables de los niveles de pobreza, consecuencia de la pandemia y de la contracción económica que la acompañó. Las desigualdades de ingresos registraron un aumento significativo tras la irrupción de la pandemia, lo que conlleva un deterioro de las condiciones de vida y merman las expectativas económicas no solo de los segmentos más pobres, sino también de los estratos medios, con importantes implicaciones políticas y sociales. Y a esto se han sumado grandes flujos migratorios, que deben ser atendidos.
El estudio señala que es  fundamental dar sostenibilidad al gasto público y evitar ajustes que profundicen el proceso de desaceleración de la actividad económica que afectaría el apoyo a los sectores más vulnerables. Esto implica ampliar el espacio fiscal y crear una gobernanza macroeconómica que permita que los ciclos económicos contractivos sean menos largos y profundos, y que los ciclos de expansión sean más sostenibles en el tiempo. En este sentido vemos que la política fiscal colombiana va en contravía de este postulado, toda vez que se plantea ampliar el  gasto público burocrático y una reforma tributaria que disminuye la capacidad del sector privado para generar nuevos empleos, para no enumerar los continuos anuncios que afectan el clima y la confianza de inversión en el país. Más allá de cualquier valoración política, estos  hechos dificultan la reactivación de la economía tan necesaria en estos tiempos.
El estudio mencionado plantea que, además de enfrentar los retos que impone la actual coyuntura, las economías de la región deben abordar el desafío de revertir el bajo crecimiento de la productividad y de la inversión acumulado en las últimas tres décadas, que se ha convertido en una limitante estructural del desarrollo. Las revoluciones tecnológicas recientes han cambiado el paradigma productivo y, por ende, es necesario replantear las políticas productivas para que la región se recupere, con un adecuado marco macroeconómico y financiero, y compromisos enfocados en los siguientes sectores: la transición energética, la electromovilidad, la economía circular, la bioeconomía, la transformación digital, la economía del cuidado, el turismo sostenible, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la economía social y solidaria.