Cuando yo era joven los funcionarios públicos no tenían la fama de aprovechar los cargos que ocupaban para enriquecerse, como viene ocurriendo actualmente con inusitada frecuencia.
Tristemente eso cambió con la elección popular de alcaldes y gobernadores, pues eso produjo en los funcionarios públicos un apetito insaciable por los recursos del Estado, a la vez contagiando a varios congresistas, pues aún recuerdo con gran indignación el momento en el que un exsenador del Pacífico colombiano comentó en una reunión pública que una alcaldía dejaba más dinero que un cargamento de droga.
Desafortunadamente nuestro sistema de justicia es tan poco eficaz que la mayoría de los casos de corrupción no son pronta y eficazmente investigados, razón por la cual todos los malandros que se roban los recursos públicos muchas veces ni siquiera son judicializados.
Debido a lo anterior, nuestro sistema judicial no es ni respetado ni tampoco temido por quienes delinquen, ya que la mayoría de los casos de corrupción no son investigados pronta y eficazmente, por lo que los delincuentes que se roban los recursos públicos casi siempre andan libres, como ocurre con un conocido senador de la Costa Norte del país, el señor Armando Benedetti, quien pese a que desde hace varios años viene siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país por los cargos de enriquecimiento ilícito e injustificado, pero por alguna razón esa investigación parece avanzar “a paso de tortuga”, tal vez porque sus abogados están interponiendo todas las acciones legales que obliguen al Juez que tiene a su cargo el proceso, a decretar el “vencimiento de términos”. Pero lo más indignante es que recientemente el Gobierno Nacional lo nombró embajador de nuestro país en Venezuela, lo que establece un pésimo antecedente para todos los colombianos de bien.
Precisamente por esta razón fue que el ingeniero Rodolfo Hernández, quien aspiraba a ser elegido Presidente de la República, logró pasar a la segunda vuelta en las elecciones pasadas, porque los colombianos estamos hasta la “coronilla” con los altos niveles de corrupción que imperan en nuestro país.
De esa manera todos los “malandros” que se han enriquecido saqueando las arcas de las entidades públicas que ocuparon anden libres por las calles de sus ciudades.
Por eso nunca lograremos reducir los altos niveles de corrupción que existen en nuestro país. Pero tal vez el caso más aberrante lo produjo el recientemente destituido gerente de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, Juan Diego Flórez, quien firmó un sinnúmero de contratos de los llamados interadministrativos, que le permitieron evadir las licitaciones públicas y de esa manera asignar “a dedo” los numerosos contratos que suscribió antes de dejar el cargo. Este reciente caso fue denunciado tanto por Germán Vargas Lleras en sus columnas en “El Tiempo” como por Diana Rojas, la valiente exconcejal de Cali quienes desde hace varios meses vienen ventilando las irregularidades cometidas por el actual alcalde de Cali, pero él sigue ahí tan campante en su cargo, pese a la desfachatez del contrato suscrito recientemente por el exgerente de Emcali para la compra de equipos electrónicos a precios muy superiores a su valor real.