Cuenta Luis Londoño en su maravillosa obra (Manizales, 1936) que cuando corría el año 1914 surgieron en nuestra ciudad los primeros vehículos de servicio público individual mejor conocidos como carricoches, y que consistían básicamente en carruajes cubiertos tirados por bestias a los cuales se accedía según sus palabras por “una escalita de madera”.
Al frente de este antiguo emprendimiento estuvieron Juan Pablo Jaramillo y Antonio Gómez a los que se sumarían posteriormente Nacianceno Uribe y Ramón González quienes por la misma época trajeron a la ciudad los primeros automotores gringos: un Ford y un lujoso Buick, que posteriormente se incorporaron al servicio público como los primeros taxis de Manizales.
Para abordarlos (o cogerlos como se dice coloquialmente) había que “ponerles la mano” acompañando dicho acto de gritos (“oe”), silbidos particulares o de la universal expresión “taxi”. Y apareció la tecnología: primero, los teléfonos fijos ubicados en las sedes de las empresas, luego los radio taxis, pasando por el mensáfono o beeper, el celular analógico (mejor conocido como la panela) hasta llegar a las actuales plataformas tecnológicas.
El pasado 22 de febrero los taxistas (no las empresas de taxis) ejercieron su legítimo derecho a protestar, preocupados fundamentalmente por: a) alza en los combustibles; b) legalización de agentes que realicen actividades transportadoras y c) auge de las plataformas tecnológicas en materia de movilidad.
El primer punto es coyuntural y afecta todo el sector transportador y en tal sentido poco o nada se podrá obtener. Por su parte, la legalidad y la tecnología son dos aspectos que no se deben mirar separadamente. Primero, por estar inmersos en una economía social de mercado, que rige incluso el servicio público de taxi por las leyes de la oferta y la demanda. Y segundo, porque en materia de sostenibilidad ambiental y social, en los últimos diez años las sociedades se han venido moviendo y desarrollando de manera creciente y eficiente en el marco de las llamadas “economías colaborativas” que han permitido la maximización de bienes y servicios a través de las redes sociales y sus distintos aplicativos (app) como por ejemplo: vacaciones y alojamiento (Airbnb), intercambio de casas gratis (Home Exchange), servicios de gastronomía (Rappi) y en materia de movilidad la cuestionada plataforma Uber, que ha propósito está cumpliendo 10 años de haber ingresado al mercado nacional.
Estas economías colaborativas han contribuido a un notable ahorro en los consumidores, al fomento de la competencia, la cohesión social y transportes más eficientes y seguros. Desde hace mucho rato y antes del auge tecnológico los servicios de taxis han tenido serios competidores como las compañías de seguros (vehículos de reemplazo y conductor elegido), las empresas de alquiler de vehículos, los servicios de recogida de hoteles y las modalidades de carro compartido donde se reparten los gastos.
El camino de la prohibición tecnológica es una batalla perdida, ante la evidente preferencia de muchos colombianos en el uso de opciones diferentes al taxi. La prestación de servicios públicos bajo criterios de eficiencia, seguridad, economía, competencia, calidad, cobertura y sostenibilidad es una permanente preocupación del Estado y los ciudadanos. Comparto con el gremio de los taxistas la necesidad de regular las economías colaborativas, sobre todo si se tiene en cuenta que ninguna opción tecnológica puede desconocer los derechos sociales y laborales de quienes intervienen en su desarrollo. Al respecto se han presentado al Congreso de la República tres proyectos de ley, que implican la necesidad de estar atentos. Para saber mas sobre los efectos de las plataformas colaborativas, ingrese al observatorio ecommerce del Ministerio de las Tecnologías donde se encuentra una interesante investigación al respecto 
(https://observatorioecommerce.mintic.gov.co).