Esta semana terminó su trámite en la Cámara de Representantes la reforma que entierra nuestro sistema de salud. Como ya lo había advertido, todos los aplazamientos en el trámite fueron deliberados para no tener que ponerle la cara al país durante las elecciones. Pasados los comicios, los liberales, la mitad de los conservadores, la mitad de los ‘verdes’ y, por supuesto, toda ‘la U’ concurrieron a garantizar el ‘quorum’ y a votar el proyecto, eso sí, en operación tortuga para asegurar las prebendas burocráticas y la mermelada, que fluyó a chorros en las últimas dos semanas. 

De nada sirvieron las alarmas y los reclamos de todos los actores del sistema, incluidos los médicos, la academia, los gremios, los pacientes y la ciudadanía. Todas las líneas rojas, verdes y azules se esfumaron ante la aplanadora del Gobierno, que ya perdió no solo el temor a la justicia sino la vergüenza frente a la sociedad que confiaba en que el Cambio prometido era ante todo frente a las costumbres políticas. 

La reforma que hasta ahora se ha aprobado en la Cámara es nefasta porque cambia el modelo de aseguramiento en salud, la más grande alianza público-privada que tiene este país y que ha garantizado la progresividad de este derecho fundamental. Con la reforma se estatiza el sistema de salud, se reemplazan 20 EPS por 25.000 Centros de Atención Primaria (Caps) que hoy no existen ni tendrán las capacidades técnicas necesarias, y sí toda la interferencia política y clientelista. 

Con la reforma se elimina la libre elección. Hoy podemos escoger el asegurador y la red de prestación que este ofrece, pero con la reforma solo queda el camino de empadronarnos en el lugar de residencia. Ahora todos, a depender del Estado, de gobernadores, alcaldes y de cualquier burócrata que se apiade en dar una cita. 

También se puede perder la capacidad instalada de la red privada. En Colombia, para garantizar la cobertura existente del 99 %, se requiere la prestación privada de clínicas y hospitales, que a la fecha corresponde al 90 % de la prestación total. La conformación de redes a cargo de una entidad pública genera incertidumbre al inversionista y reduce los incentivos de calidad y mejores resultados en salud. 

Con la reforma se vuelve al esquema de subsidios a la oferta asociada al gasto. Lo que genera un aumento de este al desligarlo de la prestación efectiva del servicio. A estas alturas, ni siquiera sabemos quién va a entregar medicamentos, cómo funcionará la continuidad de los servicios o cuál es la ruta de acceso del paciente al sistema. 

Preocupan enormemente los superpoderes otorgados a la Adres. Esta entidad no fue creada para contratar, auditar, pagar, hacer de todo. Tampoco son claros los elementos y las herramientas que tendría este monstruo para gestionar el riesgo financiero, pues se plantea simplemente como pagador único. ¿Pueden imaginar lo que será en el futuro tramitar una cuenta ante esa entidad? ¿Y los riesgos de peajes y corrupción a los que prestadores de servicios quedaran expuestos? 

Como estaba cantado desde el principio, se acaban las EPS al transformarse en gestoras de salud y vida. Tal y como están hoy en la reforma serán solo unas entidades operativas, con funciones ambiguas y colaborativas, lo que se traduce en una amenaza a los pacientes, pues no existirá quién haga su representación y asegure la continuidad e integralidad de las atenciones en salud. Al eliminarse la EPS desaparecen los planes complementarios y los planes de beneficios. En consecuencia, las pólizas y los planes de medicina prepagada se van a encarecer exponencialmente por la dinámica del mercado. 

Y vendrá la capitalización de la Nueva EPS con vocación de convertirse en el nuevo Seguro Social, epicentro de la reforma y de la estatización total del sistema. 

Lo aprobado es lo peor de lo peor. Pero aún queda la esperanza de que en el Senado se archive esta peligrosa e inconstitucional reforma. 

P. D. El doctor Caicedo Ferrer insiste en que nada está ocurriendo en su sector. No le falta razón. No hay una sola licitación en curso, no han reajustado los peajes ni pagado las compensaciones, todo está desfinanciado y las demandas se multiplican. De lejos, el sector de obras civiles fue el de peor desempeño, cayó este año un 15 %, y nada indica que el próximo año levante cabeza. Pero según él, todo divinamente.