Esta semana tuvo lugar la cumbre de gobierno, gremios y empresarios para estudiar lo que será un gran acuerdo por la reactivación económica y la inversión. Difícil no estar en sintonía con este propósito, pero me temo que nuevamente todo ha arrancado con el pie izquierdo. En primer lugar por la terquedad del equipo gubernamental, que pretende seguir priorizando el gasto en funcionamiento y subsidios y muy poco en inversiones de verdadero impacto, y en segundo lugar porque, en paralelo, el ministro de Hacienda volvió con su propuesta de una nueva reforma tributaria.

Y yo me pregunto a quién se le puede ocurrir una nueva reforma tributaria en medio de semejante situación tan bien descrita por el dr. Sergio Clavijo, al indicar que estamos creciendo a la mitad de nuestro potencial, con un desempleo que supera el 11%, un déficit fiscal llegando al 6% sobre el PIB, con una inflación que volvió a subir a más del 7% y con sectores claves como la infraestructura, la vivienda, la salud y el sector minero-energético a los que tiene este Gobierno postrados, entre otros, por cuenta de sus malas decisiones y sus sesgos ideológicos.

La anunciada reforma se centraría, según el ministro, en la creación de estímulos tributarios y en la reactivación de la economía. Por principio, y también por experiencia, no creo en ninguna reforma que busque reducir el recaudo, pero en aras de confiar en la intención y buena fe de la propuesta se me ocurre sugerirle al ministro la más sencilla de las fórmulas: revertir toda la reforma tributaria del dr. Ocampo aprobada en 2022.

Se trataría, entonces, como bien lo ha señalado el dr. Santiago Pardo, de retomar los principios que impulsamos en la reforma del año 2019 y que fueron claves para dinamizar la economía y lograr en 2022 un crecimiento del 7,5 y la más alta recaudación tributaria en la historia del país. Comenzando por la reducción gradual del impuesto de renta, inicialmente al 32%, para llegar en tres años al 30% y dejarlo a ese nivel tanto para sociedades como para personas naturales que hoy llegan hasta el 39%.

Este nivel se justifica porque Colombia no solamente tiene una tasa del 35% para las sociedades, sino que existen una serie de impuestos en cabeza de las sociedades y de las personas naturales que no existen en el resto del mundo, que sumados a los demás tributos generan una tasa efectiva de tributación sobre las utilidades de las empresas, que supera el 70% y que hace más rentable importar en lugar de producir en Colombia. Hoy en día es mucho más rentable producir en USA, Perú, Ecuador, México o Centroamérica que hacerlo en el país. ¿Es eso lo que queremos mantener?

En segundo lugar, hay que eliminar de una vez por todas el antitécnico y confiscatorio impuesto al patrimonio de las personas naturales, que ha estimulado que cada día más colombianos migren al exterior, dejen de residir fiscalmente en el país y lleguen aun a renunciar a la nacionalidad colombiana.

También se debería aprovechar esta nueva reforma para disminuir el impuesto a los dividendos al 10% y eliminar toda forma de renta presuntiva como el impuesto mínimo del 15% que grava las diferencias temporales entre la contabilidad y la declaración de renta, lo que genera dobles y triples tributaciones y, muy importante, permitir descontar el ICA en un 100% al impuesto de renta, como estaba previsto en la reforma del 2019.

Y como al ministro Bonilla hay que creerle en su intención de reactivar la economía, esta reforma debería por fin eliminar el también muy antitécnico 4 por 1.000 que grava los desembolsos bancarizados de costos y gastos, independientemente de la rentabilidad de las empresas, es decir, que grava la formalización de las empresas y no su rentabilidad. Y, finalmente, ocuparse de dos adefesios que también nos trajo Ocampo en su recetario y que han contribuido a postrar el sector de la vivienda, como es el impuesto de timbre (hasta 3%) a la adquisición de inmuebles y el IVA del 19% que grava la adquisición de bienes de capital (maquinaria y equipo), que no todos los contribuyentes alcanzan a recuperar a través de su descuento en el impuesto sobre la renta.

Esta reforma y no otra es la que deberían estar discutiendo los empresarios con el Gobierno, en vez de estar ocupados en avalar sectores y montos de inversiones que nada reactivarán y que además nunca se ejecutarán.