En medio de la andanada de malas noticias que han acompañado la llegada del nuevo año, son de destacar como positivas la subasta y adjudicación del espectro de banda 5G en materia de comunicaciones móviles. Para nada es un tema menor y hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno y del ministro de Comunicaciones para poner en marcha estas tecnologías que permitirán importantes avances en el mundo de las telecomunicaciones basadas en la conectividad a grandes velocidades. Con ella se abren las puertas a procesos de automatización, a desarrollos y aplicaciones basados en inteligencia artificial, y muchos que impactarán positivamente las actividades de la sociedad. 
Pero es forzoso advertir que la implementación no será inmediata, sino que requerirá un proceso de inversiones y de instalación de antenas para que su disponibilidad se incremente en los próximos años. Referentes internacionales del sector como lo es GSMA nos indican que los impactos masivos solo se verán en el país a partir del 2029, lo cual se explica por los tiempos de despliegue de las antenas de 5G y de la fibra para la transmisión de las estaciones base. Pero mejor es tarde que nunca. 
Aun cuando se trata de una gran noticia, hay que advertir que las expectativas de recaudo de la subasta eran de 3 billones de pesos. Con los 1,5 billones obtenidos solo se logró recibir la mitad de lo esperado. Aun así, esta es la menor de las preocupaciones. Veamos: si bien esta tecnología ayudará a incrementar la velocidad en internet, el verdadero problema que padecen hoy los colombianos, y que para nada soluciona la tecnología 5G, es el de la cobertura, el cual no se resolverá sin ampliar las bandas de 4G. Bueno es recordar que hoy un 30 % de la población está excluida del servicio móvil de banda ancha. Seguimos estando muy por debajo de países como Chile, México, Argentina, Venezuela e, incluso, Bolivia. 
Importante es saber que la subasta si bien adjudicó todos los bloques de 5G, tan solo lo logró en una pequeña parte del 4G en razón de los altísimos precios, que fijaron muy por encima del mercado latinoamericano, pese a todas las advertencias que recibieron. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno estudie medidas que permitan colocar el espectro radioeléctrico remanente en todas las bandas, a valores más bajos que los de la última subasta y en condiciones acordes con la realidad económica de un sector cada vez más complejo en la estructura de costos e ingresos. 
Para nada quiero demeritar lo conseguido hasta ahora, pero es urgente atender los retos que siguen. El primero de ellos, avanzar en el cierre de la brecha digital generando mayor cobertura de la población, lo que se logra ampliando la asignación del espectro 4 G que no se obtuvo en la subasta. 
En segundo lugar, velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los operadores en la subasta; entre otras, a llevar en dos años cobertura a 1.191 escuelas y 34 carreteras y, en general, todas las obligaciones de despliegue. 
En tercer lugar, dar impulso al crecimiento de las redes troncales para atender el creciente tráfico de datos y asegurar velocidades y capacidades de acceso a internet. Además, lograr estándares de ciberseguridad que protejan a instituciones y usuarios de los cada vez más frecuentes ataques cibernéticos. 
Muy importante superar la desigualdad de acceso a conectividad entre las regiones. Y por último, abordar el problema de la dominancia. 
Este es un tema bien crítico que la Comisión de Regulación de Comunicaciones debería resolver. En efecto, ya han pasado varios meses desde el vencimiento de los dos años de plazo que ella misma se fijó para expedir la regulación, a lo que se suma la circunstancia de que dos comisionados dejarán sus cargos en el próximo mes de febrero. Es un asunto que no puede dilatarse más. En países como España, México, Perú y Ecuador ya se adoptaron medidas para evitar una concentración que en nada contribuye a mejorar la calidad del servicio, la atención ni los precios a los usuarios. Este mercado necesita alentar mayores inversiones, lo que demanda condiciones más equilibradas para superar las dificultades financieras de los operadores y evitar conductas anticompetitivas.