Está clara la animadversión de este gobierno por el sector privado. No solo por las empresas, sino también por cualquier tipo de organización no estatal. Toda la política pública tiene este común denominador porque el presidente Petro no concibe que pueda generarse ninguna utilidad ni beneficio en el desarrollo de actividades productivas como la salud, el transporte, la infraestructura, los seguros, la vivienda, los servicios públicos, la educación, para citar solo algunos. 

Para la mayoría de estos sectores se han presentado o se han anunciado proyectos de ley cuyo núcleo es la nacionalización de la actividad o la limitación de la participación privada, como en el caso de la salud, la educación o las pensiones. En algunos se está acudiendo, además, con el peligroso expediente de asfixiar las empresas para presionar las reformas. Este es el caso de las EPS y las clínicas y los hospitales a los que se adeuda más de 16 billones de pesos y que el Gobierno se resiste a pagar. 

Volviendo a los sectores, cómo no mencionar el de la infraestructura. De la compensación por el no aumento de peajes (decreto 050/2023), a octubre tan solo se han pagado 23.000 millones de los 674.000 millones adeudados a los concesionarios. A la fecha, la ANI no tiene ni idea de cómo va a compensarlos con recursos que no provengan de los excedentes de los mismos contratos. 

Pero ojo. Recordemos que para el año 8 de las concesiones se deben evaluar las diferencias en el recaudo de peajes entre los valores previstos inicialmente con lo efectivamente recibido. Cálculos preliminares apuntan a que el faltante a la fecha rondaría los 8 billones de pesos, que debe pagar el Estado. Estos pagos deberían salir de los fondos de contingencia, que a la fecha se encuentran desfinanciados. Ante esta situación, nadie comprende cómo el Gobierno plantea nacionalizar la Concesión Bogotá-Villavicencio, lo que supondría terminar anticipadamente un contrato vigente por causas no imputables al concesionario y pagar un monto de varios billones por trabajos que no se ejecutarían. Otra ocurrencia del primer mandatario sin ningún soporte económico ni financiero. 

Y qué tal el sector vivienda. Durante cerca de 9 meses no se desembolsaron los subsidios de vivienda y con la lentitud de los pagos apenas si se han cubierto las obligaciones contraídas a 2022. El valor de los subsidios pendientes de desembolso se estima en 780.000 millones, a lo que se suma el desfase entre los subsidios asignados y las coberturas disponibles. 

Y para terminar, el tema energético. Todas las alarmas están prendidas por causa de una confluencia de situaciones que amenazan con un eventual apagón en el curso de los próximos meses. Como era de esperarse, el ministro Camacho respondió con dos piedras en la mano señalando que el papel del Gobierno no es salir al salvamento de las empresas privadas. ¿Pretenderá el ministro que al negarse a poner en marcha un mecanismo financiero que permita a las empresas recobrar su liquidez podrá, con su asociado el Superintendente, tomarlas por asalto? 

Aquí no hay casualidades ni coincidencias, nada es fortuito. Todo apunta a cerrar el cerco sobre el sector privado. Acusarlo de corrupto, de estar cartelizado, luego asfixiarlo reteniendo los pagos debidos para finalmente intervenirlo. Como toda solución, vuelve a anunciar el billón de pesos disponible a través de Findeter. Esta medida no solo es insuficiente, sino que han sido incapaces de implementarla. Y otra genialidad: impedir que los generadores se protejan a través de la figura de la limitación del suministro. En los tres meses previstos el problema actual se habrá multiplicado y, además, extendido a todos los eslabones de la cadena. 

La solución a los coyunturales altos precios de la energía eléctrica no es la intervención del mercado ni la convocatoria a asambleas populares, sino la aceleración de los proyectos de infraestructura que permitirán, por una parte, aumentar la oferta y, por otra, reducir las restricciones y las pérdidas en la red. Pero, claro, es más fácil darle un golpe a la mesa y acusar a todos los agentes del sector que ponerse a trabajar para destrabar los proyectos. 

Siguiendo el modelo Petro-Corcho aplicado al sector de la salud, el apagón financiero, que no es eléctrico, es lo que el Gobierno necesita para justificar su anhelado desembarco estatal también en este sector. No nos equivoquemos.